La Oficina de Justicia y Paz y el Departamento de Pastoral Social Cáritas, rechazó el intento del gobierno de Hugo Chávez de criminalizar a todo aquel que se manifiesta públicamente y le recordó que los tratados internacionales y la Constitución venezolana le obligan a respetar los derechos humanos, como la libre expresión, sin discriminación alguna.
“Recordamos al Estado venezolano que de acuerdo a los compromisos derivados del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, está en la obligación de respetar de manera efectiva y tangible todos los derechos humanos de sus habitantes. El Estado en su deber de resguardar el orden público debe actuar con proporcionalidad y ajustado a los principios que están determinados por los derechos fundamentales”, expresaron a través de un comunicado.
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En ese sentido, le instaron a actuar de acuerdo a los “estándares de protección de los derechos humanos” garantizados por la Carta Magna, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El texto recordó que no debe existir discriminación alguna, sea por motivo de raza, religión, origen nacional o social, ni por opiniones políticas.
Asimismo, “repudiamos todo tipo de atentado contra la dignidad de la persona humana, oral o escrita, haciendo uso de adjetivos que descalifican y denigran la fama y la moral de los ciudadanos y ciudadanas”, añadieron.
El texto pidió a todos los venezolanos “trabajar por la paz, la reconciliación, el respeto de la dignidad humana”, el diálogo y el destierro del odio y la violencia; porque la única manera de tener un futuro prometedor es asumiendo “el desafío de construir una sociedad suficientemente plural e inclusiva que de espacio a todas las expresiones y tendencias políticas existentes”.
“La oficina de Justicia y Paz, cumpliendo con su misión humanitaria y de defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas, sin importar su pensamiento político, seguirá apoyando cualquier denuncia de quienes se vean afectados en sus derechos”, finalizó el comunicado.
Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que durante las protestas contra el cierre de la cadena RCTV, el Gobierno ha detenido a por lo menos cien manifestantes; algo que ha sido rechazado por las autoridades.