La oficina en Ecuador del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha puesto en riesgo la calidad del servicio a los numerosos desplazados del país, a raíz de una controvertida decisión encaminada a favorecer a ONGs de dudosa proveniencia.
Debido a la decisión de ACNUR de favorecer con proyectos a organizaciones no gubernamentales desconocidas, la Conferencia Episcopal del Ecuador (CEE) ha decidido poner fin a 30 años de cooperación dirigida a promover la protección legal, atención humanitaria e integración social de las personas solicitantes de refugio en el Ecuador.
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Según un comunicado de los obispos de Ecuador, ACNUR “hizo una contrapropuesta que debilitaba el impacto del proyecto y que, en esos términos, resultaba inaceptable para la Conferencia Episcopal y sus 6 Jurisdicciones Eclesiásticas que trabajan esta temática”.
La CEE desde 1976 a través del Comité Pro Refugiados y posteriormente con la participación de las Pastorales Sociales de las Jurisdicciones de Esmeraldas, Tulcán, Ibarra, Quito, Santo Domingo de los Colorados y Cuenca llevó adelante, en acuerdo con ACNUR y otras organizaciones civiles, un trabajo dirigido a atender a los refugiados, promover su integración social e impulsar acciones dirigidas a la creación de políticas públicas en la materia.
Sin embargo, según informa el comunicado, “ACNUR, en los últimos años, se ha empeñado en ‘tomar contacto’ con organizaciones no gubernamentales con el fin de que se constituyan en agencias ejecutoras de sus programas en todo el país, sin fortalecer las estructuras nacionales existentes, y excluyendo la participación de la sociedad civil y del a Iglesia en las decisiones con el Gobierno ecuatoriano”.
“Por tanto, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, a través del Comité Pro Refugiados y Pastorales Sociales de las Jurisdicciones de Esmeraldas-San Lorenzo, Tulcán, Ibarra, Quito, Santo Domingo de los Colorados y Cuenca, no atenderán en asistencia humanitaria, registro, análisis de casos y elegibilidad a solicitantes de refugio y refugiados, en el marco del convenio con el ACNUR, a partir del 1 de enero del 2007”.