El diputado del PRI para México DF, Armando Tonatiuh González, anunció la intención de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) someta a referéndum en febrero de 2007 las iniciativas legislativas sobre aborto y eutanasia.

En declaraciones a la prensa, González dijo que la intención es que las comisiones de Administración y Procuración de Justicia, y de Salud, discutan esta propuesta en marzo y presenten los dictámenes al pleno en abril. “Los resultados que se obtengan en el referéndum pueden obligarnos a dictaminar a favor o en contra”, indicó.

Licencia para matar

Por su parte, el Colegio de Abogados Católicos de México presentó recientemente un análisis sobre la iniciativa del PRI, en el que acusó a los legisladores de “expedir licencia para matar”. El texto, respaldado por la Arquidiócesis de México, lamenta la intención de permitir “la factibilidad de la muerte” al ampliar las causales de aborto y promover la eutanasia.

“Hoy nos encontramos en el Distrito Federal ante dos iniciativas que pretenden permitir y otorgar la decisión respecto al inicio y término de la vida de alguien; al arbitrio de quien, en definitiva, no le corresponde y ante un total y absoluto abuso del derecho”, advirtió el texto.

Recordó que la Constitución mexicana y los tratados internacionales firmados, “en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, permite la interrupción de la vida, ni siquiera al más perverso de los criminales”.

El documento explicó que “una cosa es el derecho a la libre procreación, es decir a ser madre de manera libre y protegida, y otra es el derecho a la vida del concebido”. Añadió que atacar la vida va contra el “sentimiento humanitario de la inmensa mayoría del pueblo mexicano”.

“Una vez más, en menos de 15 días, la ALDF pretende contravenir la Constitución y vulnerar las estructuras sociales con falacias progresistas cuyo único propósito es destruir tanto a la patria como a la humanidad y esclavizar en el libertinaje a las personas”, denunció el texto.

La iniciativa del PRI pide que el aborto pueda ser practicado hasta las 12 semanas de embarazo sin ningún tipo de restricción para mujeres mayores de 18 años. Las menores de edad tendrían que presentar un escrito manifestando su decisión, avalada por los padres. Quienes induzcan al aborto por medio de engaños o amenazas, sólo serían condenados a tres años de prisión como máximo.

Sobre la eutanasia, el texto señala que quien prive de la vida a otra persona, no sería condenada si se hizo por pedido expreso de ésta, "por razones humanitarias" y si padeciera una enfermedad terminal.