El Presidente saliente de Ecuador, Alfredo Palacio, emitió el reclamado veto parcial sobre los artículos del nuevo Código de Salud que, según distintas organizaciones, atentaban contra los derechos de los padres, la libertad de conciencia y el respeto a la vida desde la concepción.
Según informó la asociación Acción Pro-Vida, el Ejecutivo reconsideró los artículos "que diferentes organizaciones y movimientos pro vida, mujer, familia y libertad de conciencia veníamos solicitando".
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"La Red Nacional de organizaciones pro-vida, mujer y familia, agradecen al pueblo ecuatoriano y a todos los ciudadanos del mundo entero, que nos apoyaron y han sido los reales actores de éste gran triunfo de la vida, la familia y la libertad de conciencia. El siguiente paso a realizar es pedir al Congreso Nacional del Ecuador, se allane al veto del Ejecutivo y respete así la Constitución de nuestro país", indicó este grupo en un comunicado.
Sin embargo, advirtió que aún hay tres artículos del Código que merecen ser revisados. El artículo 24 permite la importación de anticonceptivos "que no necesitarán registro sanitario ecuatoriano para ingresar al país"; el artículo 29 "sigue siendo ambiguo en su concepto de atención de emergencias obstétricas y vuelve a poner en discusión el art. 447 del código penal en lo referente al aborto"; y el artículo 68 "que deja la puerta abierta a la pastilla de emergencia (PAE) en el caso de mujeres con VIH/SIDA, sin considerar el efecto antimplantatorio de la misma".
"Ha sido una tarea muy ardua, pero creemos que los logros han sido grandes, tomando en cuenta la presión que existía por parte de organismos internacionales como la OPS, la ONU y la OMS, organizaciones estatales como el CONAMU y la Defensoría del Pueblo. Solo quedan esos tres artículos que los iremos tratando en el transcurso de la discusión en el Congreso y una vez salida la ley del mismo en los Tribunales competentes. No vamos a desmayar en nuestra defensa de la vida, la familia y la libertad de conciencia", indicó el texto.
La Red ha solicitado además "la destitución de la Dra. Rosario Utreras como defensora del pueblo en la oficina de la mujer, niñez y adolescencia, ya que se atribuye en nombre de ‘todas’, las mujeres ecuatorianas la defensa de derechos como al aborto, la entrega de anticonceptivos a adolescentes sin permiso de los padres de familia y el uso de la PAE como método anticonceptivo".