El Tribunal Constitucional de Portugal aprobó la realización de un referéndum para decidir la despenalización o no del aborto en el país, esta decisión obliga al Presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, a decidir en un plazo de seis meses, si convoca a una consulta pública para que los ciudadanos voten a la pregunta "¿Concuerda con la despenalización de la interrupción voluntaria de la gravidez, si la misma es realizada por opción de la mujer, en las primeras 10 semanas y en establecimiento de salud legalmente autorizado?".
Ante esta situación el Presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP), Mons. Jorge Ferreira da Costa Ortiga, manifestó que la Iglesia no acepta ningún tipo de aborto y que "aún cuando nos tachen de retrógrados respecto a otros países: estamos positivamente a favor de la vida desde su concepción hasta su muerte".
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El Prelado expresó durante la Asamblea Plenaria de los Obispos, que se realizó en Fátima, que "carece de todo fundamento hablar "de ‘derecho a abortar’ por parte de la mujer invocando el derecho a disponer arbitrariamente de su propio cuerpo, porque el concebido no es un apéndice de la madre sino una realidad humana autónoma y como tal, inviolable".
Asimismo reafirmó que "la malicia intrínseca de todo aborto provocado constituye un gravísimo atentado contra la vida humana inocente e indefensa" y recordó que no se puede "reconocer al poder constitutivo una competencia cualquiera para liberalizar o despenalizar lo que, por naturaleza, es un crimen".
Este referéndum sería el segundo que se realiza para debatir la legalidad del aborto. El primero se realizó en 1998, con la misma pregunta que acaba de ser aprobada. En este entonces la legalización del aborto fue rechazada en las urnas con un 51 por ciento del electorado, pero fue declarada inválida por un alto número de abstencionismo.
En la actualidad, la legislación portuguesa, vigente desde 1984, impone penas de hasta tres años a la mujer que se someta a un aborto ilegal y de dos a ocho al médico que lo realice; sin embargo, admite el aborto en las primeras 12 semanas en caso de violación o si hay algún riesgo para la madre.