Representantes de organizaciones abortistas están presionando al Gobierno peruano para que introduzca un Protocolo Nacional que en la práctica ampliaría el mal llamado aborto terapéutico a un número ilimitado de casos.
El año pasado el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictaminó, a pedido de un grupo abortista, que el Estado Peruano "violó los derechos" de una joven madre por no permitir que aborte a su hija con anencefalia, una malformación congénita que supone la temprana muerte del bebé pero no representa riesgos graves para la gestante.
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Con este dictamen, diversas organizaciones abortistas presionaron a la entonces Ministra de Salud, Pilar Mazzetti, para que aprobara un protocolo que amplíe las causales de aborto terapéutico, ya fijadas en el Código Penal Peruano.
En el evento titulado "Responsabilidad estatal en materia de aborto terapéutico: Caso Karen Llantoy", los abortistas volvieron a exigir que el mencionado dictamen de la ONU sea aplicado por el Ministerio y reclamaron que bajo aborto terapéutico se incluya cualquier factor que afecte la salud física, mental y hasta espiritual de la mujer gestante.
Bajo esta premisa, uno de los ponentes argumentó que hasta el stress podría ser considerado como causa válida de aborto terapéutico.
El evento fue auspiciado por la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, la Universidad Cayetano Heredia, el Observatorio del Derecho a la Salud, la organización Flora Tristán, DEMUS y PROMSEX.
Actualmente, el Código Penal Peruano establece que no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente.