El médico cirujano de la Universidad Javeriana, Jorge Merchán Price, exigió al Tribunal de Ética Médica de Bogotá investigar y, de ser el caso, sancionar a los responsables del aborto practicado a una niña de 11 años en el Hospital Simón Bolívar, por violar moral y jurídicamente el Código de Ética Médica sancionado en la Ley 23 de 1981.
"Existió en ese acto una violación moral y legalmente injustificada a la Ley de Ética Médica, por cuanto el fallo de la Corte (Constitucional) y la Constitución Política de Colombia amparan la objeción de conciencia", un recurso jurídico que debió ser empleado por los médicos, señala la demanda.
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Merchán Price recuerda que "el hecho de que la Corte Constitucional despenalice el aborto no significa que la Ley 23 de 1981 haya sido derogada", ni que los médicos puedan realizar abortos. "Los actos inmorales y antiéticos no se vuelven actos moralmente buenos" por estar amparados en un fallo judicial indica, sino que este sólo establece que ya "no son objeto de sanción penal".
"El médico está, en primera instancia, para salvaguardar la vida y la salud, y si los deseos del Estado o de sus pacientes van en contra de ese principio médico moral universal, entonces está en la obligación moral de abstenerse", afirma. Añade que la objeción de conciencia existe porque por encima de las normas y los principios constitucionales están "los valores morales universales", como el respeto a la vida humana.
Así, el también coordinador del Departamento de Cirugía General del Hospital San Rafael (Tunja), explica que la calidad de vida no es un principio constitucional ni un valor moral. "Los médicos no estamos para tomar decisiones con respecto de ella, excepto sólo para mejorarla sin poner nunca en riesgo la vida misma", indica.
En ese sentido, afirma que para el médico es irrelevante si los fetos son malformados o no, "excepto solo que la vida de la madre esté en riesgo". Agrega que igual de irrelevante es el hecho de si "la calidad social y circunstancial de vida de su madre es buena o es mala". "Relevante sólo es la vida misma como tal y tienen el mismo valor moral tanto la vida de la madre como la vida del feto", destaca.
Asimismo, el profesional colombiano recuerda que el juramento de ética aprobado por la Convención de Ginebra de la Asociación Médica Mundial, y aceptado por la legislación nacional, "es una obligación del profesional médico".
Por ello, además de solicitar la investigación del caso, Merchán Price pide a los miembros del tribunal manifestar públicamente si el juramento ético que realizan los graduandos de medicina "constituye una obligación moral, social y jurídica seria y respetable, o si más bien es una simple forma que puede ser impunemente pasada por alto por las diferentes morales individuales y 'particulares' de los médicos abortistas".
"Su juicio y su sentencia tendrán implicaciones educativas de invaluable importancia en la formación de los médicos colombianos del futuro", finaliza la carta.