El Servicio a la Vida del Movimiento Universitario Fundar pidió a los legisladores argentinos no autorizar el reparto gratuito de la píldora del día siguiente y, en cambio, impulsar una reforma que prohíba la venta de este fármaco por su potencial efecto abortivo.
Ante el inminente tratamiento de proyectos legislativos sobre "anticoncepción de emergencia", esta entidad consideró que en lugar de impulsar la distribución gratuita de la llamada "píldora del día después", el Congreso debería "prohibir su comercialización e impulsar una reforma que incluya entre los delitos del Código Penal a esta nueva forma de aborto".
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Según Servicio a la Vida, la iniciativa parlamentaria obliga a "los servicios de salud sexual y reproductiva de establecimientos médicos asistenciales públicos y privados de salud" a difundir y proveer información sobre la anticoncepción de emergencia y garantizar la provisión gratuita de las píldoras anticonceptivas de emergencia, en especial en los casos de violación.
De acuerdo al proyecto, estas acciones han de desarrollarse en el marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
Fundar advierte que "los artículos 5 a 8 reconocen el derecho a la objeción de conciencia para profesionales e instituciones, obligando sin embargo a intervenir para que se provea la anticoncepción de emergencia en otros establecimientos", y asegura que según se desprende del proyecto "la autoridad de aplicación sería el Ministerio de Salud y las provincias son invitadas a adherir a la ley".
Tras insistir en que "la llamada ‘anticoncepción de emergencia’ (conocida también como ‘píldora del día después’) se presenta en realidad como abortiva en las primeras fases de desarrollo de la persona por nacer", recuerda que "como está reconocido públicamente, una de sus formas de acción consiste en alterar la receptividad del endometrio, impidiendo la anidación del embrión".
"De esta forma, provoca el aborto de esa nueva vida humana, que para el derecho es una persona con derecho a la vida", sostiene.
Finalmente, Servicio a la Vida reitera que "en realidad, en lugar de impulsar su utilización gratuita, el Congreso debería prohibir su comercialización e impulsar una reforma que incluya entre los delitos del Código Penal a esta nueva forma de aborto".