Una mujer católica, integrante de un dicasterio vaticano, se ha convertido en el nuevo blanco de las feministas mexicanas que se oponen férreamente a que asuma un importante cargo público en los próximos meses.
María Eugenia Díaz de Pfennich debería suceder a Patricia Espinosa como presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), una vez que ésta concluya su gestión el 30 de noviembre próximo. Sin embargo, su nombramiento ha alterado a las consejeras feministas de este órgano y ahora reclaman su remoción ante el Presidente Vicente Fox.
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Las consejeras Roxana Cuevas, de la Junta de Mujeres Políticas, y Candelaria Ochoa, de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara, cuestionaron el nombramiento como un retroceso para el país y acusaron a la elegida de "ultraderechista".
Ambas atribuyeron la creación de INMUJERES al movimiento feminista y dijeron que "no vamos a permitir que se nos haga cómplices de decisiones que conculquen o vulneren el derecho ganado por la sociedad, y reconocido en la jurisprudencia internacional de los derechos humanos" con el nombramiento de una católica.
Las representantes feministas señalaron que Díaz de Pfennich "presenta un grave conflicto de interés, pues sus funciones deben responder a una agenda internacional acordada y suscrita por el gobierno mexicano y no obedecer los designios del Vaticano".
Díaz de Pfennich ha sido presidenta de la Unión Mundial de Organizaciones Católicas Femeninas (UMOCF), dirigente nacional de la Juventud Femenina Católica Mexicana y en febrero de 2002, el Papa Juan Pablo II la nombró miembro del Pontificio Consejo para los Laicos.
Patricia Espinosa defendió a su eventual sucesora y aclaró que "no hay ninguna pretensión de imponer a nadie, porque la junta de gobierno aprobó por mayoría de votos" el nombramiento. "Es un asunto votado y aprobado", subrayó.
Consideró "muy lamentable que mujeres estén criticando a otras mujeres por su militancia y su credo religioso, eso es un acto en sí mismo excluyente y discriminatorio".
El INMUJERES fue creado en el año 2001 como organismo público autónomo descentralizado de la Administración Pública Federal, con el objetivo de "crear y desarrollar una cultura de igualdad y equidad libre de violencia y discriminación, capaz de propiciar el desarrollo integral de todas las mujeres mexicanas y permitir a hombres y mujeres ejercer plenamente todos sus derechos".