Asociaciones civiles advirtieron al Gobierno peruano sobre la intención de los grupos abortistas presentes en la Organización de Naciones Unidas (ONU), de infiltrar en un documento sobre derechos de discapacitados los "servicios de salud sexual y reproductiva", con el objetivo de introducir así el aborto.
Delegados de todo el mundo ante la ONU están reunidos en Nueva York esta semana para finalizar un tratado que protegería los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, algunos analistas han advertido que la inclusión de lenguaje peligrosamente ambiguo causaría que el texto de trabajo termine arriesgando el derecho a la vida de los mismos discapacitados.
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A través de una declaración, el Hogar Clínica San Juan de Dios, uno de los centros de atención a discapacitados más prestigiosos del país, junto al Instituto de Estudios Familia y Sociedad, el Population Research Institute (PRI) para América Latina y la Alianza Latinoamericana para la Familia en el Perú, indicaron que si bien el proyecto de Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad es favorable en varios aspectos, también "contiene términos ambiguos" y cae en "serias omisiones" que atentan contra la Constitución peruana y "tratados internacionales de derechos humanos".
En ese sentido, denuncian que la intención de obligar a los estados a proveer "servicios de salud sexual y reproductiva" a los discapacitados responde más a intereses de la industria del aborto que a los de estas personas que claman con urgencia por otras necesidades de salud desatendidas.
Asimismo, señalan que el documento no menciona que el derecho a la vida es inherente al ser humano en todas las etapas de su existencia. Esta inclusión "es imprescindible porque actualmente vemos amenazado y vulnerado este derecho a causa de la presencia de alguna discapacidad en el concebido", indican los firmantes.
"Una indicación de la dirección de esta convención es la ausencia de la palabra ‘valor’ en el documento. Instrumentos previos de derechos humanos han puesto énfasis en la ‘dignidad’ y el ‘valor’ de los seres humanos, pero dado el argumento sobre ‘calidad de vida’ usado por los partidarios de la muerte, parecería que dignidad sin valor podría resultar fatal", advierten.
Salud reproductiva no es término médico
La Asociación de Profesionales de Planned Parenthood utilizó por primera vez el término "salud reproductiva" para reemplazar al aborto a principios de la década de 1980, siguiendo los consejos de una firma de mercadotecnia. Asimismo, el Centro de Derechos Reproductivos, una ONG abortista, se esfuerza desde 1992 por introducirlo en tratados internacionales vinculantes, sin explicar su significado. A esto se llama "estrategia furtiva".
El contrabando ideológico de la palabra "género"
Las organizaciones civiles también exigieron el retiro del término "género" del tratado que se discute en Nueva York, debido al "contrabando ideológico al que responde".
"El concepto de ‘género’ es equívoco. No diferencia a hombres y mujeres por el sexo, sino por roles socialmente construidos que luego son atribuidos arbitrariamente a las personas", advierten. Indican que a partir de allí se llega "a posiciones extremas como los ataques a la familia y a la maternidad, por considerarlas como instrumentos sociales y culturales de opresión de la mujer". Esta ideología pretende imponer la existencia de cinco géneros: hombres, mujeres, homosexuales, lesbianas y transexuales.
Los firmantes denuncian que otras omisiones de la convención son la no protección a los discapacitados frente a la eutanasia, así como la inclusión del "derecho" a "experimentar su sexualidad" y "mantener relaciones sexuales y otro tipo de relaciones íntimas". Estos términos "no son definidos en el documento".
Proteger a la familia
Tras expresar su preocupación por la omisión a los derechos y deberes de los padres sobre sus hijos, las asociaciones piden al Estado "fortalecer preferencialmente" a las familias con miembros discapacitados "y apoyarse en ellas para cualquier plan sectorial". Recuerdan que "la familia es el principal soporte de las personas con discapacidad" y "el mejor medio para la rehabilitación e inserción social".
"Pedimos a las autoridades correspondientes que la representación peruana en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad se ajusten al ordenamiento legal vigente y no incluyan conceptos ambiguos y ajenos a las necesidades de las personas con discapacidad en el Perú", finaliza la declaración.