La Corporación de Abogados Católicos (CAC) exigió que se inicie un juicio político a la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Carmen Argibay, por haber dado "declaraciones públicas incompatibles con la investidura" en el caso de la joven de 19 años a la que hace unos días denegaron el aborto.
El pedido de la CAC fue enviado al Presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Además de esta solicitud, los juristas emitieron una declaración pública en la que señalan que "la doctora Argibay ha pasado por alto que los jueces cuestionados y amenazados por ella con su destitución han resuelto el caso conforme a derecho, aplicando en el ámbito civil normas que la Corte Suprema ha reconocido como operativas y que se encuentran incorporadas a un ordenamiento de jerarquía constitucional como es la Convención para los Derechos del Niño".
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Esta jueza había dicho que los jueces de primera y segunda instancia de La Plata, entre quienes se encuentra la juez Inés Siro que sí defendió el derecho a la vida del bebé de la joven de 19 años, procediendo de acuerdo a ley, "actuaron de una manera absolutamente desacostumbrada, con intervención de gente que no debió haber intervenido y argumentos endebles desde el punto de vista penal".
También señaló que si un juez al fallar en un caso aplica sus convicciones, "le debemos decir que lo vamos a echar, porque no puede juzgar de acuerdo con sus creencias", y opinó que "existen elementos" para pedir el enjuiciamiento político de la jueza Inés Siro.
Los abogados católicos recuerdan que la Convención para los Derechos del Niño, cuya aplicación los jueces no podían omitir sin incurrir en una grave responsabilidad penal y moral, declara que "se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los 18 años de edad"; y que "en todas las medidas concernientes a los niños", los tribunales deberán priorizar "el interés superior del niño"; y que el Estado Argentino "reconoce que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida", "garantizará en la máxima medida posible la supervivencia y desarrollo del niño" y "se compromete a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar".
Luego de precisar que "ante normas tan categóricas, los jueces se limitaron a aplicar estas disposiciones de observancia inexcusable, cuya interpretación no admite ninguna discriminación que vulnere la igualdad constitucional", la CAC destaca que "al preservar la vida del niño cumplieron con el juramento prestado cuando asumieron sus funciones judiciales".
"La excusa absolutoria del art. 86 inciso 2 del Código Penal invocada por quienes -como la Doctora Argibay- critican y amenazan a magistrados que obraron de modo irreprochable, es ajena a la cuestión que la Jueza Siro y los integrantes de la Cámara resolvieron en forma inobjetable. No dudamos que la misma ha quedado derogada por los instrumentos internacionales que consagran la intangibilidad de la vida inocente", subrayan.
"Hoy, bajo la vigencia de documentos internacionales que amparan de modo estricto y absoluto la vida inocente, suscita repulsión jurídica y moral que una integrante de la Corte Suprema de la Nación -en esta caso Carmen Argibay- pretenda descalificar y amenazar a jueces que aplicaron en conciencia normas que forman parte de la Ley Fundamental de la República Argentina", manifiesta la CAC.