La Conferencia Episcopal Argentina dio a conocer este miércoles un comunicado en el que rechaza enérgicamente el proyecto de ley que debate la Cámara de Diputados según el cuál se legalizaría la ligadura de trompas y la vasectomía.
En el comunicado, los obispos recuerdan que “estas intervenciones son una mutilación, que privan a la persona de las funciones de un órgano sano. Por esto mismo no son terapéuticas (pues no curan una enfermedad, sino que anulan el normal funcionamiento del cuerpo) y su legalización constituye una violación al derecho humano a la integridad corporal cayendo así en una insalvable inconstitucionalidad”.
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Los Obispos salen al paso de quienes han presentado el proyecto de ley justificando que es una necesidad de los más pobres, señalando que éste constituye en realidad “una forma de discriminación hacia los más pobres, dado que la esterilización no soluciona la pobreza, limitándose a impedir nuevos nacimientos”.
“Los problemas económico-sociales requieren soluciones económicas y sociales, no médicas”, dice el comunicado; y agrega que “lamentablemente el referido proyecto repite las soluciones del liberalismo salvaje de la década pasada, ya utilizada en otros países de la región, como lo demuestra la dolorosa experiencia internacional, logrando que dentro del marco de planificadas estrategias sanitarias, las personas más pobres se vean forzadas o condicionadas en su libertad a realizarse prácticas que las limiten de por vida y de las que, en los hechos, no podrán arrepentirse”.
El caso peruano
Los obispos argentinos hacen referencia indirecta al caso del Perú, donde la aprobación de una ley de esterilización similar a la que quiere aprobarse en Argentina, llevó a una campaña forzada de esterilizaciones masivas que dejó a más de cien mujeres muertas, 90,000 esterilizadas contra su voluntad y un escándalo que concluyó con un juicio por violación de derechos humanos antes el Congreso norteamericano.
El comunicado episcopal concluye llamando a cada diputado “y a la ciudadanía en general, a buscar soluciones no mutiladoras sino caminos de solidaridad y de promoción humana, que sean instrumentos útiles para trabajar por el bien común y el desarrollo de las personas y las familias, respetando la dignidad e integridad del ser humano”.