La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) pidió al Gobierno que la reciente nacionalización de los hidrocarburos beneficie a todos los bolivianos y no derive en “la corrupción y la mala administración que conocimos” en el pasado.

El Episcopado emitió un mensaje al final de su 82º Asamblea Plenaria, en el que señala que la medida “incide fuertemente en la vida y el futuro del país”. “Esta disposición quiere ser el cumplimiento de la voluntad de la población, expresada mayoritariamente en el Referéndum vinculante del mes de julio de 2004”, afirma.

En ese sentido, los obispos piden que la medida se implemente “en el marco de la equidad y justicia, evitando la corrupción y la mala administración que conocimos en las empresas estatales del pasado”; para beneficiar a todos los bolivianos, especialmente a “los más pobres y desprotegidos de la sociedad”.

Asimismo, el Episcopado indica que estos momentos “tan decisivos para la patria”, requiere que los bolivianos actuemos “con cordura y serenidad”, con espíritu democrático y en un clima de paz, “salvaguardando los intereses del país sin perjuicio de su inserción en el contexto de las naciones”.

Nueva Constitución

Por otro lado, la CEB expresa que la próxima elección de los miembros a la Asamblea Constituyente y la elaboración de una nueva Carta Magna es “una gran oportunidad de apertura a la esperanza”.

En ese sentido, recuerdan lo expresado en su mensaje de marzo, en el cual llaman a la responsabilidad y a evitar las divisiones, el predominio de intereses particulares y el rechazo al diálogo enriquecedor.

Asimismo, consideran oportuna “la revisión del artículo tres de la Constitución, de tal modo que se despejen las dudas y, muchas veces, los prejuicios que ciertos sectores de la población han manifestado a propósito de su actual redacción”.

Los obispos afirman que este esfuerzo “situará adecuadamente el papel que la Iglesia Católica y otras iglesias han jugado en la conformación histórica de Bolivia y su contribución en la formación de la Nación, la cual reconocerá la realidad jurídica de las mismas y su participación en el desarrollo social”.

El artículo tres de la Constitución boliviana expresa que “el Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana. Garantiza el ejercicio público de todo otro culto. Las relaciones con la Iglesia Católica se regirán mediante concordatos y acuerdos entre el Estado Boliviano y la Santa Sede”. Igualmente, el Episcopado solicita “que el capítulo de la nueva Constitución sobre Derechos y Garantías de los bolivianos” recoja el derecho a la libertad religiosa “en todos sus alcances”.

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