Una resolución, aprobada unánimemente por la Junta de Supervisores de San Francisco en la que condenan la enseñanza católica sobre la homosexualidad y en la que se exige al Arzobispo de San Francisco y a las organizaciones de caridad que entreguen niños en adopción a parejas gay, ha suscitado una demanda federal presentada por el Centro Legal Tomás Moro.
La demanda, presentada en representación de la Liga Católica para los Derechos Civiles y Religiosos, y dos personas más de San Francisco, señala que la mencionada resolución anti-católica es un "asombroso ataque por parte de las autoridades a la Iglesia Católica, su enseñanza moral, y aquellos que se adhieren a los planteamientos de la fe católica, en clara violación de lo establecido en la Primera y Decimocuarta Enmiendas de la Constitución".
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La resolución del 21 de marzo de 2006 de la Junta de Supervisores de San Francisco afirma que el Vaticano es un país extranjero que se "inmiscuye" en los asuntos de la ciudad, y describe la enseñanza moral de la Iglesia como "insultante para cualquier persona de San Francisco, odiosa, difamatoria, absolutamente inaceptable, insensible e ignorante". Además exige que el Arzobispo de la ciudad "desafíe" las enseñanzas católicas y manifiesta que el recientemente creado Cardenal William J. Levada, "no está calificado" para dirigir la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Según Richard Thompson, Presidente del Centro Legal Tomás Moro, "las demagógicas y virulentas palabras de esta resolución son una reminiscencia del talante anti-católico de organizaciones como el Ku Klux Klan, que empañó la historia de nuestra nación. La ciudad de San Francisco también podría poner unos grandes carteles en los límites de la ciudad en los que se lea: ‘Católicos fieles no son bienvenidos’".
En el legajo de la demanda se recuerda que la Primera Enmienda "prohíbe que cualquier autoridad desapruebe una religión en particular, creencias religiosas o religión en general". Además, "esta resolución anti-católica intenta decirle a los demandantes y demás católicos fieles que son forasteros. No son miembros plenos de la comunidad política; como sí lo son aquellos que se oponen las creencias católicas, particularmente las relacionadas a las uniones homosexuales y la adopción de niños por parte de éstas; con lo que este tipo de personas resultan ser miembros favorecidos de la comunidad política".