Un grupo de legisladores del Congreso de la República ha remitido una carta a la Ministra de Salud de Perú, Pilar Mazzeti Soler, en la que solicita se les informe “si el sector a su cargo está considerando expedir un dispositivo que regule o reglamente el ‘aborto terapéutico’”.
La misiva, fechada el 30 de marzo y firmada por seis congresistas, es motivada por la denuncia hecha por el Director para América Latina del Population Research Institute (PRI), Carlos Polo, sobre un “supuesto ‘Protocolo Nacional’ que incluiría diversas circunstancias médicas que configurarían un ‘aborto terapéutico’”.
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Polo denunció el 29 de marzo pasado que un grupo de ONGs feministas, encabezadas por la organización anti-vida PROMSEX, está a punto de lograr la legalización del aborto mediante la introducción de un Protocolo Nacional que en la práctica ampliaría el aborto terapéutico a un número prácticamente ilimitado de casos, maniobra que estaría amparada por el Ministerio de Salud.
En el Perú el aborto sólo está despenalizado en caso de riesgo de muerte o grave daño para la madre. Sin embargo, mediante la “interpretación” del Ministerio de Salud promovida por las ONGs feministas, terminaría aplicando el concepto de “grave daño” a cualquier situación médica, con lo que el aborto podría ejecutarse simplemente si la mujer aduce “daños psicológicos”. Asimismo, Polo advirtió en aquella oportunidad que el aborto podría ser practicado casi en cualquier centro de salud y por cualquier médico cirujano sin opción a que alguno pueda ejercer su derecho a la objeción de conciencia.
Contra la Constitución y el Congreso
“Sería abiertamente inconstitucional una regulación mediante la cual se pretendiera por vía administrativa extender la aplicación del ‘aborto terapéutico’, ampliándola a supuestos ajenos a su razón de ser, de preservar la vida de la madre cuando está en peligro y es necesario optar entre su vida o la del niño por nacer (de rara ocurrencia actual por el avance de la medicina)”, advierten los congresistas a la Ministra.
Según el texto de los legisladores, “esta actitud constituiría un exceso de facultades conferidas al Poder Ejecutivo por cuanto se estaría invadiendo las competencias del Congreso de la República, ya que la materia implicaría una reforma constitucional y legal”.