El Director para América Latina del Population Research Institute (PRI), Carlos Polo, advirtió que organizaciones feministas están desarrollando “gradual y sistemáticamente” una “peligrosa agenda” para introducir el aborto en el Perú con el patrocinio de la industria abortista.
En declaraciones a la prensa, Polo desbarató uno a uno los argumentos esgrimidos por PROMSEX, una ONG abortista que junto con diversas organizaciones feministas buscan despenalizar el aborto en el país.
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Recientemente, PROMSEX emitió una nota de prensa en la que indicaba que en el Perú existe el derecho al aborto terapéutico y que grupos ligados a la Iglesia “tratan de confundir a la opinión pública” sobre este tema. El texto está firmado por Susana Chávez de PROMSEX y por María Ysabel Cedano de DEMUS.
Carlos Polo denunció que estos grupos “defienden los intereses económicos de la industria del aborto y de los anticonceptivos de los cuales viven, y viven bien”. Recordó que en el Perú “no existe un derecho al aborto terapéutico” porque la Constitución protege al niño por nacer “‘para todo lo que le favorece’”, y que el Código Penal establece una exención de pena sólo “cuando (el aborto) es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente”.
En este sentido, denunció la existencia de un Protocolo Nacional infiltrado por PROMSEX en el Ministerio de Salud, que busca establecer como causales para un aborto terapéutico cualquier problema de salud que se presente durante el embarazo, así éste ponga o no, en riesgo real la salud de la madre.
Dijo que este protocolo “no es para emergencias médicas donde un médico” tratará de salvar a la madre y al hijo, sino para “programar la muerte de un niño sin posibilidad de ninguna oposición legal. Es dar fecha y hora a una muerte de un indefenso”.
“Es entrar a una sala equipada generosamente por IPAS (comercializador de las máquinas de succión a nivel mundial) donde médicos entrenados gentilmente también por IPAS terminarán con la vida de un niño porque todos (DEMUS, PROMSEX, Manuelas y Floras –integrantes de las organizaciones feministas Manuela Ramos y Flora Tristán–, la Sociedad de Ginecología, IMPARES, IPPF, IPAS, CFR, entre otros) así lo han decidido”, afirmó Polo con respecto al protocolo.
En ese sentido se refirió al caso de Karen Llantoy, una adolescente que estuvo embarazada de un bebé anencefálico y que demandó al Estado Peruano porque le negó el aborto terapéutico. Polo señaló que las organizaciones anti-vida están usando este caso como parte de su estrategia y para ello desinforman a la población “inescrupulosa y sistemáticamente”.
“Un embarazo de un niño anencefálico no atenta contra la vida de la madre, ni la expone a un riesgo de un mal grave y permanente”, indicó. Explicó que este caso no encaja dentro del artículo 119 del Código Penal, sino del 120, que sí contempla una pena; porque aunque se trata de un niño que inevitablemente morirá, “matarlo es algo totalmente distinto”.
Explicó que con el actual avance tecnológico “ningún médico tendría que enfrentarse al dilema de escoger eliminar al niño” para salvar a la madre. Indicó que el reto “no es despenalizar el aborto sino poner esa tecnología al alcance de todos”.
Con respecto al Comité de Derechos Humanos de la ONU, que acogió la demanda y exigió al Estado indemnizar a la joven, Polo dijo que este organismo desconoce las leyes peruanas y se equivoca al establecer como un derecho básico el “acceso al aborto legal”.
Polo denunció que el Comité favoreció a las feministas en parte porque el Estado Peruano no se defendió “y en otra buena parte porque comulga con esta posición ideológica”. El Director del PRI recordó que esta instancia de la ONU ya ha recomendado anteriormente “al Estado Peruano que modifique las leyes que penalizan el aborto”.