La ONG anti-vida Human Rights Watch (HRW) instó a las autoridades mexicanas a proveer “aborto seguro, humano, respetuoso y gratuito” para las víctimas de violación o incesto; según se aprecia en el informe que aparece en su sitio web.
En la sección “Recomendaciones detalladas” del informe titulado “Víctimas por partida doble. Obstrucción al aborto legal por violación en México”, la abortista HRW exige a las autoridades mexicanas que las víctimas de violación o incesto que hubieran resultado embarazadas tengan “acceso inmediato y sin obstáculos a servicios de aborto seguro, humano, respetuoso y gratuito en aquellos casos donde el aborto no se encuentre actualmente penalizado y en conformidad con los estándares en materia de derechos humanos”.
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Asimismo, HRW recomienda la creación del “Instituto Nacional de las Mujeres a fin de incluir de manera explícita entre sus obligaciones la de facilitar el acceso de niñas y mujeres al aborto allí donde actualmente se encuentre permitido por ley”.
En su desmedido afán por despenalizar el aborto y liberalizarlo en el país centroamericano, esta trasnacional abortista no escatima en sus pedidos anti-vida y propone que el Congreso Federal promulgue “leyes que aseguren el acceso de las mujeres a abortos voluntarios, seguros y gratuitos luego de cualquier forma de violación o incesto”, así como “enmendar la Ley General de Salud a fin de garantizar la provisión de abortos seguros y gratuitos en las instituciones de salud pública”; y también “derogar las disposiciones del código penal que penalicen el aborto, especialmente aquellas que sancionan a las mujeres y niñas que han tenido abortos”.
Para que no queden dudas de su talante abortista, HRW sugiera además que se instaure “una política de tolerancia cero para los funcionarios públicos que no presten el debido apoyo a las víctimas de violencia en su búsqueda de justicia y resarcimiento, considerando que dicho resarcimiento incluye el acceso al aborto legal y gratuito" y que se haga lo necesario para "implementar sanciones significativas contra los funcionarios públicos que obstruyan el derecho de las mujeres y niñas al aborto por violación”.
Asimismo, no menciona en absoluto la posibilidad de la objeción de conciencia para el personal sanitario que por convicción no desee practicar el aborto, ni la posibilidad de informar a los padres de una menor que ésta ha decidido abortar.
Entre sus demandas, también se encuentra “absolver y liberar a todos los prisioneros que se encuentren cumpliendo sentencia por haber solicitado o inducido abortos”, para que no existan “rezagos” de la total criminalidad del aborto.
Curiosamente, HRW manifiesta también la necesidad de un “acompañamiento legal y apoyo psicológico a embarazadas víctimas de violación que hayan solicitado un aborto legal voluntario”, sin hacer la más mínima mención al síndrome post-aborto originado por la toma de conciencia de la madre al haber contribuido y decidido el asesinato de su hijo.
En un acápite final de estas recomendaciones, la ONG abortista indica que “la obligación del sistema público de salud de prestar servicios de aborto gratuito para las víctimas de violación ya se encuentra establecida en la legislación de algunas jurisdicciones mexicanas. La legislación nacional no debería alejarse del estándar fijado por este nivel de protección”, finalizan los anti-vida de HRW.
Para leer el informe completo puede acceder a: http://hrw.org/spanish/informes/2006/mexico0306/