El Congreso filipino podría aprobar, tras un debate previsto para esta semana, un proyecto de ley que promueve las esterilizaciones, obliga al personal sanitario, bajo pena de cárcel, a prestar servicios contraceptivos y desfavorece a las familias con más de dos hijos.
El proyecto legislativo “Paternidad responsable y control de población” fue aprobado en comisión hace meses atrás y, según las asociaciones familiares, su aprobación por el pleno del Congreso sería casi inminente debido al apoyo de la mayoría de los congresistas al programa antinatalista de varias agencias de la ONU y numerosas ONG occidentales.
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Según el texto legislativo, en Filipinas se priorizará a los niños de las familias con dos o menos hijos al momento de otorgar becas. Asimismo, será obligatoria la educación sexual en la escuela a partir de los 10 años. Los agentes sanitarios que se nieguen a practicar esterilizaciones o a prestar servicios anticonceptivos serán castigados con pena de cárcel de hasta 6 meses.
El proyecto sostiene una campaña de información masiva sobre control de natalidad, métodos anticonceptivos e incentivos para la esterilización. Para el control de los objetivos de natalidad del Gobierno, el texto indica la acción de un “funcionario de población” en cada distrito.
De este modo, el país de mayoría poblacional católica, pondría fin a su razonablemente exitosa estrategia de promoción de la abstinencia y la fidelidad conyugal. Con un uso muy bajo de preservativos, la tasa de infección adulta de Sida era, en 2001, de apenas el 0,1 por ciento.