La Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) publicó un enérgico comunicado en el que recuerda al Gobierno nacional que la pobreza del país no se resuelve con meras medias sanitarias a favor de la anticoncepción y el aborto.

“Hace años organismos internacionales han venido presionando a nuestros gobiernos y a otros en el área para que la población se reduzca drásticamente promoviendo métodos contraceptivos. ¿Permitiremos que sean ellos quienes nos impongan sus llamadas ‘normas internacionales’ quitándonos el derecho a decidir por nosotros mismos?”, cuestionaron.

Los obispos lamentaron que “el análisis de la pobreza sólo se relacione con el control de la natalidad. En múltiples ocasiones los obispos de Guatemala nos hemos pronunciado por el verdadero desarrollo de los guatemaltecos, al que deben tener acceso todos por igual, privilegiando la realidad de los más necesitados”.

“De la limitación del crecimiento demográfico, como lo pretenden algunos sectores, no se sigue necesariamente el desarrollo económico y social. El desarrollo económico, la oportunidad de trabajo, la educación, especialmente de la mujer, traen como consecuencia el declive del índice del crecimiento poblacional”, indicaron.

En este sentido, consideraron que “es totalmente equivocado querer resolver un problema socioeconómico, fruto de injusticias enquistadas en nuestra estructura social, recurriendo a meros servicios de tipo sanitario”.

Defensa de la vida

Los prelados denunciaron que actualmente “impera una cultura de total irrespeto a la vida humana, desde la práctica del aborto hasta la muerte que causan las infrahumanas condiciones de vida en el campo” y lamentaron “la conducta desordenada de tantos jóvenes en el uso de la sexualidad favorecida por una sociedad permisiva y hedonista. Nos preocupa igualmente el incremento de enfermos contagiados con el virus del SIDA”.

Asimismo, explicaron que “la decisión de cuántos hijos se quieren tener es una decisión libre de la pareja que necesita estar adecuadamente informada sobre la naturaleza de la sexualidad humana, los aspectos culturales, religiosos, éticos, psicológicos y espirituales de la sexualidad. Es decir, es necesaria la educación sexual seria y responsable, que comporte la formación de una recta conciencia moral”.

En este sentido, reiteraron su rechazo a la promulgación de la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar, y recordaron que “son los padres de familia quienes tienen el derecho y la obligación de educar a los hijos, lo cual incluye el acceso a la información y la orientación de la decisión en el uso de la sexualidad y no el Estado o cualquier ONG”.