El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Guatemalteca solicitó que el nuevo Código de la Niñez y de la Juventud sea revisado porque algunos de sus artículos contravienen “principios éticos fundamentales” en la relación entre padres e hijos y “menoscaba la autonomía de la familia frente a los poderes públicos”.
A través de un comunicado, los obispos recuerdan que la familia es el principio ético fundamental sobre el cual debe basarse cualquier legislación a favor del menor, porque ella es la “forma básica y natural de la comunidad y la sociedad humanas”.
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Asimismo, explica que la familia es anterior “a todo reconocimiento por la autoridad pública”, que todos sus miembros “son personas iguales en dignidad” y que la patria potestad es un derecho de los padres a través del cual guían y tutelan los derechos y deberes de los menores.
“La minoridad (...) no significa simplemente que la persona no ha alcanzado determinada edad”, sino que “no ha alcanzado la madurez necesaria para ejercer sus derechos y deberes de forma autónoma, sino que los ejerce y los disfruta bajo la guía y la tutela de los adultos”, afirman los obispos.
Por ello, advierten que no corresponde al Estado “violentar el ejercicio normal” de la patria potestad. Añaden que este derecho sólo se pierde si se constata algún tipo de abuso y maltrato contra el menor por parte de quienes deberían protegerlo.
“Los menores tienen derecho a exigir ante las autoridades competentes la debida protección frente a los actos delictivos, que falsamente amparados en la patria potestad, cometan sus padres o tutores contra ellos”, explica el comunicado.
Sin embargo, aclaran que “no se puede considerar como delito” el derecho de los padres “de pedir y exigir a sus hijos la colaboración en las tareas domésticas”, o el recurso a privarlos de ciertas diversiones con el fin de corregirlos y educarlos.
no es de carácter político sobre las implicaciones éticas del código