Diversas organizaciones pro-vida presentaron una denuncia penal contra los laboratorios y demás autoridades de salud que distribuyen la píldora del día siguiente en Ecuador, pese a la vigencia de una orden judicial que prohíbe su comercialización.
La demanda abarca a los representantes legales de las empresas farmacéuticas Galiafarma y Tecnofarm, por la distribución al margen de la ley de las pastillas Postinor 2 y Glanique, nombres comerciales del potencial fármaco abortivo.
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Entre los demandantes se encuentran la Federación de Médicos por la Vida, Fundación Acción por la Vida, Asociación de Padres de Familia de Colegios Católicos, Confederación de Laicos Católicos y los diputados Marcelo Dotti y Pascual del Cioppo.
En el texto del recurso se señala que en la posología de la eufemísticamente llamada Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) se omite el derecho del ciudadano a conocer el potencial efecto abortivo del levonogestrel, sustancia esencial del fármaco.
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