Asociaciones ciudadanas y familiares mostraron su respaldo a jueces y funcionarios públicos que, por expresar su rechazo jurídico a la ley para parejas del mismo sexo, son víctimas de presiones y amenazas ejercidas por autoridades municipales y grupos radicales.
Ante las reiteradas amenazas contra el juez de paz de la localidad madrileña de Pinto, Antonio Alonso, la plataforma ciudadana HazteOir.org (HO), acusó a los miembros del ayuntamiento y de asociaciones radicales de tener “pavor a la libertad garantizada por el Estado de Derecho” y de atacar la división de poderes que garantiza la justicia.
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El juez, informa HO en un comunicado, “ha denunciado el acoso que está recibiendo desde el ayuntamiento, en el que algunos han pedido su dimisión. También ha recibido amenazas de concentraciones de homosexuales ante el juzgado”.
Para la plataforma, “las maneras empleadas por el alcalde de la localidad para impedir el ejercicio de su trabajo al juez retrotraen a épocas felizmente superadas en las que el poder político impedía el ejercicio de la justicia”.
De otro lado, el Foro Español de la Familia (FEF) también denunció “la violencia ejercida contra el que se oponga a la nueva ley de ‘matrimonio’”.
En una nota de prensa, el Foro señala que entre las amenazas que han recibido algunos funcionarios judiciales “se encuentran la coacción a dimitir de sus funciones y manifestaciones de homosexuales ante los juzgados”. Ante estos hechos, tanto la Plataforma como el Foro mostraron su respaldo a las víctimas.