En una columna recientemente publicada en el diario Washington Post, Philip P. Pan denunció la campaña anti-vida que autoridades chinas han iniciado para controlar los “nacimientos no planeados” desde el mes de marzo de este año en la población campesina de la localidad de Linyi, a unos 500 kilómetros al sudeste de Beijing.
Chen Guancheng es un activista pro-vida, ciego y de 34 años, que lidera a estos campesinos que quieren hacerle frente legalmente a las autoridades que, desde el mes de marzo, han entrado a las casas de familias con dos hijos y han exigido que, al menos uno de los padres se esterilice.
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Los oficiales también obligan a las mujeres embarazadas de un tercer hijo a que lo aborten, y en caso de ocultarse, encarcelan a parientes y vecinos, golpeándolos y torturándolos hasta que las mujeres salen de sus escondites.
Guancheng está preparando un juicio contra las autoridades chinas que cometen estos abusos. En su opinión, lo que “estos oficiales hacen es completamente ilegal. Se han comprometido en la violación expandida de los derechos básicos de los ciudadanos y deben hacerse responsables por estos abusos”.
"Las leyes de población y de planificación familiar afectan los derechos individuales, por eso un caso como éste es una prueba importante. Al demandar al gobierno, los campesinos de Linyi sólo están defendiendo sus derechos. Ya sea que acepten o no su caso en las cortes, ésto será una prueba para que el sistema judicial chino demuestre si el gobierno de China puede regularse de acuerdo a ley o no”, indica Zhan Zhongle, profesor de derecho de la Universidad de Beijing.
Uno de los muchos casos de los que se acusa a las autoridades chinas, ocurrió en Maxiagou, cerca de Linyi, en donde una mujer de 36 años y con siete meses de embarazo tenía que regresar al lugar en el que la esperaban las autoridades –para hacerla abortar a su bebé– y así evitar que la docena de sus parientes que estaban detenidos fueran torturados. La mujer, llamada Zhongxia, afirmó que “mis tíos, tías, primos, mi hermana embarazada, mis cuñados; todos fueron llevados a la oficina de planificación familiar. A muchos no les dieron comida ni bebida, y a todos los golpearon salvajemente”, informó.
De otro lado, Yu Xuejin, un oficial de la comisión de planificación familiar a nivel nacional, manifestó haber recibido quejas de los abusos cometidos en Linyi y en otras ciudades, por lo que ha solicitado a las autoridades locales que se investiguen los casos denunciados. En su opinión, los abortos y las esterilizaciones forzadas son “definitivamente ilegales”.