Los profesores de Religión expresaron su “estupor” por el cambio “unilateral y sorpresivo” del estatuto laboral que atenta contra su gremio en el proyecto de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y que convertiría a la Iglesia Católica y demás confesiones religiosas en “empresas de trabajo temporal”.
La Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros Estatales (APPRECE) y la UNIÓN APPRECE ESPAÑA mostraron su asombro por la propuesta de cambio del estatuto del profesorado que cambiaría su relación laboral con la Administración pública “con la intención de convertir a la Iglesia Católica y a las otras confesiones religiosas en empresas de trabajo temporal”.
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A través de un comunicado, los representantes magisteriales exigieron la retirada del texto remitido a la Cámara Baja el 22 de julio pasado porque, afirman, se quiere convertir a los más de 17 mil profesores en cuestión en “trabajadores privados en la escuela pública, para que ni siquiera forme parte del debate parlamentario”.
“Sólo el sectarismo ideológico y el acoso a la enseñanza de la religión en la escuela pública y a su profesorado puede explicar el intento de imponer unilateralmente un nuevo estatuto al profesorado”, contrario a los acuerdos Iglesia-Estado, a la jurisprudencia, a la Iglesia Católica, a las asociaciones de profesionales, a la legislación laboral, “a toda sensibilidad social y democrática”, señala la nota.
En el mismo texto, APPRECE rechazó el procedimiento engañoso y arbitrario seguido por el Gobierno para la aprobación de la reforma educativa. La asociación magisterial denuncia el “envío al Consejo Escolar y al Consejo de Estado de un texto acorde con la legislación vigente para, una vez informado, modificarlo radicalmente”.
Asimismo, los profesores denuncian el “inicio de una campaña contra presuntas exigencias de la Iglesia Católica para que no se aplicara el Estatuto de los Trabajadores; anuncio público para la foto de una pretendida y no lograda reunión de la Comisión Mixta Gobierno-Iglesia Católica y la pretensión de que se creyera que el nuevo texto era una imposición de la Iglesia Católica, cuando en realidad ésta no lo conocía”.
Exigencias al Gobierno
Por ello, la asociación de profesores exige al Gobierno “que no se confunda evaluación con calificación y sus implicaciones académicas”, que se “exprese claramente en la LOE la obligatoriedad de los centros de ofertar la enseñanza de las religiones”, asegurarles a quienes elijan la enseñanza religiosa confesional “que se van a encontrar con una asignatura fundamental, valorada académicamente, evaluable y computable”, y a quienes no la elijan, que “van a encontrar una formación alternativa con idéntica valoración académica”.
Tras afirmar que “el Estado de Derecho peligra si el Gobierno incumple los Acuerdos Iglesia-Estado, APPRECE pidió al Gobierno que “no se juegue con el Profesorado de Religión y sus familias” y pidió a éstas que “se impliquen más en la reforma educativa, así como en su desarrollo y aplicación, para evitar que una minoría imponga su visión exclusiva y excluyente de la enseñanza”.