La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), distribuyó hace unos días una nota en la que pide participar en los debates sobre la revisión de la legislación sobre el aborto, y reafirmó que “continuará defendiendo el derecho inalienable a la vida del niño por nacer”.
El texto, firmado por el Arzobispo de Salvador y Presidente de la CNBB, Cardenal Geraldo Majella Agnelo, y por el Obispo Auxiliar de São Paulo y Secretario General de la CNBB, Mons. Odilio Scherer, dice que la despenalización del aborto genera un “grave problema respecto a la vida y a la dignidad humana”.
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La CNBB señala que respeta, defiende y promueve los derechos de la mujer, pero que, con la misma convicción, “defenderá y apoyará los derechos del niño por nacer. Sabemos, por testimonio de acreditados científicos, que el ser humano, desde la concepción, posee su propio patrimonio genético y su sistema inmunológico. Se trata de otro ser humano, de modo que madre y embrión constituyen seres humanos distintos.”
En su nota, los prelados brasileños citan y se amparan en la Constitución Federal de Brasil, cuyo artículo 5º establece la protección del derecho de todos a la vida; asimismo en el Código Civil, que en su artículo 4º establece que la ley pone a salvo desde su concepción, los derechos del niño por nacer.
La CNBB reconoce que si bien el país sufre un grave problema social en cuanto a la salud pública, en lo que se refiere al embarazo involuntario y a los abortos clandestinos, enfatiza que “no se puede, sin embargo, sanar un mal con un mal peor”. Recuerdan también los obispos, que toda concepción involucra a hombre y mujer, “no en tanto, fácilmente el hombre olvida su responsabilidad respecto a la problemática aquí tratada (el embarazo involuntario)”.
En este proceso de discusión en torno a la revisión de la legislación punitiva del aborto, afirman los obispos, “la Iglesia Católica reconoce y respecta la laicidad del Estado, pero quiere participar en las discusiones y decisiones”.
Cabe recordar que la CNBB quedó fuera de la comisión porque el Consejo Nacional de Políticas para las Mujeres rechazó cualquier participación religiosa, argumentando la laicidad del Estado.