Dos asociaciones adheridas al gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la Fundación Alternativas y las Juventudes Socialistas de España (JSE), coincidieron en pedir la “modificación” de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, abogando por acabar con el actual régimen fiscal de la Iglesia, la enseñanza de la Religión y el estatuto jurídico de sus profesores.

La Fundación Alternativas, a cuyo patronato pertenecen dirigentes socialistas, como el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el ex Presidente Felipe González, y el ex Secretario General Joaquín Almunia, presentó un informe en el que pide se inicie “un proceso de negociación bilateral tendente a la modificación” de los Acuerdos establecidos entre la Iglesia Católica y el Estado español en 1979.

A pesar de señalar que “los Acuerdos son perfectamente constitucionales”, los autores del informe “Estatuto de Laicidad y Acuerdos con la Santa Sede”, criticaron que no lo fueran “algunos de sus desarrollos posteriores”.

El estudio, asesorado por el ex ministro Juan Manuel Eguiagaray, director del laboratorio de la fundación, pide la modificación de los acuerdos en materia de enseñanza de Religión, del estatuto jurídico del profesorado y de “los regímenes económico, tributario y fiscal” de la Iglesia.

Sobre la asignatura de Religión, aunque reconocen que “debe ser impartida en condiciones equiparables a las demás asignaturas fundamentales”, los autores del estudio señalan que “ello no tiene que suponer su reconocimiento académico”, y reclaman el derecho de los padres “a decidir si no quieren una alternativa a la misma”.

“La enseñanza de la religión católica debe situarse en el plano que le corresponde en un Estado laico: el ámbito de lo privado y personal”, añaden los autores que, al mismo tiempo, proponen la creación de una asignatura obligatoria denominada “Enseñanza para la convivencia”.

Respecto al Estatuto del Profesorado de Religión, uno de los autores del estudio, José María Contreras, abogó por emprender las reformas legislativas necesarias para cambiar el sistema y que sea la propia Iglesia la que contrate y pague el profesorado en lugar del Estado ya que de lo contrario, advirtió, "seguirán los problemas".

Respecto al actual régimen económico de la Iglesia, el informe indica que “difícilmente encaja en la definición de un Estado laico o aconfesional, toda vez que la financiación de las confesiones religiosas no puede entenderse como contenido del derecho de libertad religiosa, y supone una flagrante violación del principio de igualdad y no discriminación por motivos religiosos o ideológicos” contenido en la Constitución.

Juventudes Socialistas: Ni enseñanza ni financiación

Coincidentemente, Juventudes Socialistas de España (JSE), también vinculada al PSOE, pidió al Gobierno se creara una Comisión en el Congreso de los Diputados que debata la posibilidad de cambiar los Acuerdos Iglesia-Estado vigentes.

En un comunicado, los jóvenes socialistas piden un debate "abierto y participativo" sobre esta cuestión "para poner a la Iglesia en el sitio donde le corresponde, ni encima ni debajo de nadie, donde tiene que estar en un país aconfesional, sujeto al Estado de Derecho y al imperio de la ley, sin privilegios de ninguna clase".

A juicio del secretario general de JSE, Herick Campos, los acuerdos deben ser “revisados” porque han permitido a la jerarquía católica abusar “de su condición de opción religiosa mayoritaria, incluso en asuntos que afectan directamente a la esencia del Estado de Derecho".

Para Campos, también portavoz de Juventud del Grupo Parlamentario Socialista, los acuerdos "tienen que ser revisados de manera especial en lo que se refiere a la enseñanza y a la financiación".