La Diócesis de San Pedro Sula se unió a los familiares de las víctimas del incendio del Centro Penal Sampedrano, ocurrido en mayo de 2004, en su denuncia contra el Estado de Honduras y que ha sido presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A través de un comunicado, el Obispo de San Pedro Sula, Mons. Ángel Garachana Pérez, señala que ya ha pasado más de un año desde la tragedia en la que murieron más de cien presos y hasta el momento las autoridades no han esclarecido los hechos.
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El Prelado aclara que no se busca el enfrentamiento con el Estado, pero “tantos muertos y tanto dolor no pueden ser en vano”. En el texto, se pide a las autoridades reformar el sistema penitenciario donde, entre otras cosas, se vele por un estricto respeto a la vida humana.
“El Estado tiene la obligación de garantizar la vida, además de la rehabilitación de los privados de libertad y por ello es urgente y necesario que se efectúen cambios en el sistema penitenciario”, señala el Obispo.
Indica que el hecho de sumarse a la denuncia ante la CIDH busca el bien común y ayudar al Estado “a cumplir su responsabilidad de lograr un sistema penitenciario que rehabilite y aporte a la convivencia social”.
Sin embargo, el Prelado señala que la espiral de violencia que vive la sociedad es a la vez responsabilidad de todos. “La muerte de nuestros hermanos también nos acusa a todos desde nuestra realidad de conformismo, no sólo debemos cuestionar al Gobierno, sino nuestra responsabilidad social y nuestro compromiso de fe”, advierte Mons. Garachana.
Finalmente, tras llamar a no permitir que la muerte y la impunidad se adueñen del país, el Obispo de San Pedro Sula exhorta a los feligreses a poner “manos a la obra en la construcción de un sociedad más justa, solidaria y pacífica”.