Organizadores de la manifestación a favor del matrimonio y la familia del 18 de junio en Madrid (18-J) denunciaron diversas “zancadillas políticas y administrativas” por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid como la denegación a los manifestantes de un trayecto que, curiosamente, ha sido aprobado para la próxima cabalgata del “Orgullo Gay”.
Los organizadores de la manifestación, que protestará contra las políticas anti-familia del Gobierno socialista, criticaron que se impida “el recorrido inicial previsto entre Cibeles y Colón, con la excusa de que ocupar el eje de la Castellana colapsaría Madrid. Sin embargo, el trayecto denegado a la manifestación pro-familia es el que se ha aprobado para la cabalgata del Orgullo Gay de unas semanas después”.
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Asimismo, el Foro Español de la Familia (FEF), que ha convocado la manifestación bajo el lema “La familia SÍ importa”, criticó que las respuestas a las diversas consultas formuladas a la Delegación son “silencios que nada resuelven y pegas continuas”.
Por su parte, la plataforma ciudadana HazteOir.org denunció que “la Delegación todavía no ha solucionado el aparcamiento de los más de 600 autocares que se prevé que lleguen a la capital” este sábado. Sobre el transporte, aseguran, “hay que sumar los ‘repentinos problemas’”que está provocando la Red Nacional de Ferrocarriles en España (RENFE) al “reducir la previsión de plazas y vagones para los posibles viajes de vuelta”.
En un comunicado de la plataforma, se afirma que “desde el propio comité organizador se habla de ‘servilismo’ por parte de la Delegación del Gobierno, que ‘trata de entorpecer el éxito de una manifestación que mostrará la nula voluntad de diálogo del Ejecutivo’”. De la misma manera, manifestó su temor a que las cifras sean manipuladas, “como ya sucedió escandalosamente en la manifestación de las víctimas del terrorismo”.
Según Hazteoir.org, los organizadores se preguntan “hasta qué punto” Constantino Méndez, Delegado del Gobierno, “intenta boicotear una iniciativa ciudadana y democrática, poniendo su tarea de servicio público como arma partidista y sectaria en beneficio de Zapatero”.