La agencia Notivida publicó un artículo abordando los datos actuales sobre la situación del aborto en Brasil, y denunció la activa participación del gobierno del presidente Luis Ignació Lula da Silva en la promoción de esta práctica.
El gobierno brasilero organizó hace pocas semanas una jornada de conferencias para promover la legalización del aborto irrestricto, en las que participaron dos organismos de la ONU, el Fondo para la Población UNFPA y la Agencia para la Mujer, UNIFEM. Entre las ponentes del evento figuró María José Rosado Nunes, defensora del llamado derecho al aborto, profesora del departamento de Ciencias Religiosas de la Pontifica Universidad Católica de San Pablo y presidente de la filial del grupo apóstata “Católicas por el Derecho a Decidir”.
Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram
Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:
Con el fin de legalizar el aborto quirúrgico este año se intentó demostrar a los legisladores que el aborto es un problema de salud pública, englobado en el derecho universal a la salud; que su práctica es un acto médico debido, y que por tanto “la criminalización del aborto es inconstitucional, como consecuencia de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Brasil”.
Asimismo, el gobierno brasilero, a través de la Secretaria Especial de Políticas para la Mujer, presidida por la feminista Nilcéa Freire, constituyó una “comisión tripartita” para promover la legalización del aborto sin restricciones. Por ahora, ya se decretó la distribución gratuita del abortivo llamado “píldora del día siguiente” en más de 63 mil 600 hospitales y centros de salud del país, decisión que ha sido apelada en varios estados.
A todo esto se suma la Norma Técnica del Ministerio de Salud que obliga a los médicos a realizar abortos quirúrgicos en casos de violación, sin denuncia o investigación policial, basándose solamente en el testimonio de la mujer, que puede recurrir al aborto en cualquier momento del embarazo, declarando que el niño es fruto de una violación.
Aún está pendiente la decisión del Tribunal Supremo sobre la legalidad del aborto en casos de anencefalia. Este caso se ha complicado por el cambio de procurador general, Claudio Fontenles, acusado de “católico” por las abortistas, que termina su mandato en junio y será reemplazado por Antonio Fernando Souza, que si bien también es católico, adelantó que se “diferenciará” de Fontenles.