Los parlamentarios de Izquierda Verde (IU-ICV) presentaron ante el Congreso un pedido para que el Gobierno denuncie los acuerdos con la Santa Sede, deje la asignatura de Religión al "margen de la enseñanza obligatoria" y de los currículos, y suprima en el Código Civil los efectos civiles del matrimonio canónico católico.
En la iniciativa, que encaja en una proposición no de ley, el grupo parlamentario de izquierda lamenta que, a pesar de que en los últimos años la sociedad española ha sufrido una "profunda secularización", los distintos gobiernos hayan mantenido una relación con la Iglesia que le garantiza una "situación claramente privilegiada".
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"La financiación del clero y de la Conferencia Episcopal, la enseñanza de la religión en la escuela, un régimen abusivo de conciertos con la enseñanza privada, un régimen fiscal más que favorable y un protocolo institucional que la convierte sin fundamento jurídico en religión oficial, son algunos de estos privilegios recogidos en el Acuerdo General de 1976 que revisaba el Concordato de 1953", indica el texto de IU-ICV.
Tras argumentar que un Estado democrático debe defender "sin ambigüedades la laicidad de las Administraciones Públicas" porque el laicismo es "consustancial al Estado democrático", los parlamentarios exigen al Gobierno socialista "denunciar los Acuerdos con la Santa Sede": el Concordato de 1953, el Acuerdo General preconstitucional de 1976 y el Acuerdo preconstitucional sobre Asuntos Culturales y Educativos de 1979, "negociando nuevos acuerdos que garanticen la separación total de la Iglesia y el Estado".
Asimismo, los congresistas reclaman al Ejecutivo modificar la regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con la "perspectiva de la eliminación del impuesto religioso"; aplicar los acuerdos para la "autofinanciación de la Iglesia Católica antes del final de esta legislatura"; y dejar la religión “al margen de la enseñanza obligatoria y fuera del currículo y del horario escolar".
El texto de IU-ICV exige la reforma de la Ley Orgánica de 1980 sobre Libertad Religiosa con el fin de "acabar con la actual injusticia, regulando la libertad de conciencia como derecho de todos los ciudadanos", y que habilite partidas presupuestarias en los Ministerios de Educación y Justicia, "canalizadas por las asociaciones laicistas, humanistas y ateas para promover valores humanistas y laicistas en la sociedad y en las escuelas".