Las universidades católicas y privadas de España solicitaron a las autoridades un trato equivalente con los centros públicos, especialmente “un sistema de evaluación común” de los profesores que se dedican a la investigación, independientemente de su procedencia pública o privada.
Mediante un comunicado, los rectores también piden una “plena participación en todas las comisiones de evaluación y selección” de investigaciones financiadas por las distintas administraciones.
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En el texto, reclaman no ser excluidos de las convocatorias públicas, “ni por requisitos formales de imposible cumplimiento, ni por otros criterios que, en la práctica, conllevan una cierta discriminación”.