El Arzobispo Celestino Migliore, Observador permanente de la Santa Sede en las Naciones Unidas, señaló este lunes durante una reunión informal de la plenaria de ese organismo sobre la necesidad de reformar la institución para ponerla a la altura de los desafíos actuales.
Durante el encuentro en el que se discutieron las sugerencias del informe del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, Mons. Migliore dijo que las sugerencias implican claramente el perfeccionamiento y la adaptación de la estructura y métodos de trabajo de esta organización”.
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“Mi delegación toma la palabra movida por las esperanzas que la Santa Sede ha puesto en estos últimos años en el papel fundamental del derecho internacional para promover la coexistencia pacífica y el bienestar de los pueblos del mundo, y en el papel de las Naciones Unidas como su garante y su fuerza motriz”.
El Arzobispo se refirió luego a los posibles cambios estructurales dentro de las Naciones Unidas, que conciernen al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General, “potenciar la función del Secretariado como principal interlocutor y la reforma del Consejo Económico y Social mediante una óptica nueva, que una de un modo más funcional el desarrollo y la seguridad”.
“Mi delegación -continuó- considera este tema particularmente interesante, porque atañe no solamente a la relación entre conflicto y pobreza sino también a las causas del terrorismo, a la promoción de los derechos sociales y a la lucha contra la pobreza y el desempleo como medidas preventivas”.
El Arzobispo Migliore subrayó que la Santa Sede “acoge favorablemente los esfuerzos, tan necesarios, para definir los criterios de adhesión al Consejo de Seguridad y para actualizar el sistema electoral de Naciones Unidas”.
Sobre la “intervención humanitaria”
El Nuncio se refirió posteriormente al artículo 51º de la Carta de las Naciones Unidas sobre el derecho a la propia defensa: “En este sentido, mi delegación quiere reafirmar que la legítima defensa debe poner un acento especial en las personas y en su seguridad. Todo estado tiene la responsabilidad de defender a sus ciudadanos, pero cuando no puede o no quiere hacerlo, la comunidad internacional debe asumir esa responsabilidad”.
la ‘ingerencia humanitaria’ como una especie de legítima defensa