Líderes de la oposición y el oficialismo demandaron este martes a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) investigar la secta llamada Iglesia Universal del Reino de Dios, conocida por su lema "Pare de sufrir", para determinar si persigue fines de lucro o se desenvuelve de acuerdo a ley.
El diputado David Hernández pidió al Secretario de Gobernación, Santiago Creel, aplicar mano dura contra las asociaciones religiosas que abusan de sus adeptos en cualquier sentido.
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"Al Secretario de Gobernación le ha hecho falta mano dura, porque han crecido mucho esos grupos y les han estado dando autorizaciones al por mayor. Esta Iglesia no es la única. Le ha faltado tacto a la Secretaría para que antes de dar un permiso conozca el historial de las personas a las que se les permite 'vender milagros', porque hacer eso es permitir públicamente que se engañe a la gente", expresó.
Del mismo modo, en una entrevista concedida al diario mexicano Reforma, el coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Barrio, criticó a las asociaciones religiosas que manipulan a sus seguidores para obtener ganancias y pidió a la SEGOB indagar sobre la situación de la organización. Asimismo, el legislador se pronunció por una reforma legal que permita un mayor control sobre las asociaciones de este tipo.
"Me queda claro que son aportaciones totalmente voluntarias, que da el que quiere darla. Es probable que exista mucho de manipulación del sentimiento y de la convicción religiosa de la gente lo que genera la necesidad de una reforma legal. Creo que es indispensable que se investigue", expresó. No obstante, Barrio reconoció que la dependencia no tiene suficiente personal para tener un control de todas las agrupaciones religiosas del país.
Por su parte, el vicecoordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Alarcón, exigió a las autoridades federales que informen públicamente cómo se maneja esta asociación religiosa. Del mismo modo anunció que la Comisión coordinará con la Secretaría de Gobernación para que entregue un informe al Legislativo sobre el tema.
Según Alarcón, la Secretaría debe informar a la Nación en qué estado se encuentra el grupo y si ha violado o no la ley. “El Gobierno debe cumplir con su obligación, no creo que se deban realizar reformas sobre el tema, lo que tienen que hacer es aplicar la ley", sostuvo.