La Asociación de Víctimas del Aborto (AVA), denunció que el Gobierno español incumplió con lo establecido en la actual legislación sobre el aborto provocado, debido a que el sistema de salud no da posibilidades a las mujeres que optan por tener a su hijo.
La legislación sostiene que “los profesionales sanitarios tendrán que informar a las solicitantes (de interrupciones voluntarias del embarazo) de la existencia de medidas de asistencia social y de orientación familiar que pueda ayudarles”.
Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram
Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:
Sin embargo, la presidenta de AVA, Carmina García-Valdés, advierte que ante al embarazo, la única alternativa propuesta por el Ministerio de Sanidad es el aborto. Además, en Madrid existe “un silencio mediático e institucional casi total” a la labor desempeñada por asociaciones civiles que facilitan el derecho de las mujeres a otras alternativas al aborto provocado.
“Los médicos y personal administrativo de los hospitales no saben dónde derivar a una mujer con problemas en su embarazo”, sostuvo.
Asimismo, señaló que debido a la falta de apoyo del Estado y el desvío de fondos públicos para fomentar el aborto y la píldora del día siguiente, las mujeres que desean seguir adelante con su embarazo encuentran serias dificultades para hacerlo.
"Sólo se conoce qué hay que hacer para abortar, pero estas medidas no ayudan a la salud física y psíquica de la mujer en absoluto”, anotó.
Es sabido que el Gobierno subvenciona a la Federación de Planificación Familiar Española (FPFE), que promueve el aborto y recibe fondos directamente de las clínicas abortistas españolas, en vez de apoyar a las madres que desean tener a su hijo.