Bajo el título “Defienden principios...¿o dólares?”, el Instituto Familia y Sociedad publicó un aviso en un diario local denunciando que tres ONGs feministas recibieron más de medio millón de dólares para impulsar “los derechos sexuales y reproductivos”, entre los que se encuentran la polémica píldora del día siguiente.
Las ONGs beneficiadas son las mismas que actualmente defienden a la Ministra de Salud, Pilar Mazzetti en su decisión de distribuir la píldora del día siguiente negando su efecto abortivo, y hostigan –con una costosa campaña mediática- a los parlamentarios que han denunciado la anticonstitucionalidad de esta medida.
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Según la denuncia, en el año 2001, se firmó el “Acuerdo de Proyecto entre el Gobierno del Perú y el Fondo de Población de las Naciones Unidas relativo a la Movilización de Apoyos Sociales y Políticos para el Ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos", ratificado por el Estado Peruano en un decreto supremo en marzo de 2002.
Este decreto destinó a las ONGs feministas Flora Tristán, Manuela Ramos, y la Red Nacional de Promoción de la Mujer (RNPM), 514 mil 617 dólares entregados por Fondo para la Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y 54 mil 500 dólares del Gobierno Peruano para cumplir el acuerdo.
En dicho acuerdo, las ONG feministas se comprometieron a impulsar, mediante campañas o lobbies, “los derechos sexuales y reproductivos” en los diferentes sectores de la sociedad peruana. Estas campañas deberían estar dirigidas a políticos, medios de prensa y autoridades.
En el aviso publicado en el diario Correo el 24 de octubre, el Instituto Familia y Sociedad denuncia “las campañas millonarias” desarrolladas por estas ONGs con el afán de promover la legalización del aborto, la distribución de anticonceptivos y la llamada la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE), que incluye la píldora del día siguiente.
El Instituto advierte que estas organizaciones feministas firmaron el acuerdo entre el gobierno y la UNFPA “sin pertenecer ni a uno ni a otro” y, para salvar las formas, el acuerdo reconoció a estas ONGs como “Agencias de Ejecución”, lo que implica “una relación laboral remunerada de deberes y obligaciones”.
Las ONGs feministas se comprometen a vigilar la “función congresal” y monitorear el desempeño de los congresistas, para favorecer los “derechos sexuales y reproductivos” con la promulgación de “leyes, normas y reglamentos”.
El Instituto reiteró que estas ONGs “incurren, por encargo remunerado, en interferencias en la prensa, lobby y usurpación de funciones en el Congreso de la República y ejecución de un plan diseñado y financiado internacionalmente”.
Para quienes deseen el aviso completo, pueden ingresar al sitio web http://www.tercerefecto.com/noticias/ongs.php.
El decreto supremo N° 030-2002-RE se encuentra en la dirección http://www.tercerefecto.com/documentos/NL20020429.pdf