El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua publicó un informe que identifica decenas de funcionarios que según afirman son responsables de graves violaciones de derechos humanos, abusos y crímenes en el país. Al respecto, el obispo Silvio Báez consideró, desde el exilio, que deben “pagar sus crímenes”.

El 3 de abril, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua publicó el informe titulado Instituciones y personas responsables de los principales patrones de violaciones y abusos de los derechos humanos y crímenes perpetrados en Nicaragua desde abril de 2018, un texto de 234 páginas que da información sobre 54 funcionarios a quienes considera responsables.

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“Al conocer los nombres y apellidos de quienes con brutalidad y desvergüenza han reprimido al pueblo de #Nicaragua, la exigencia de justicia es mayor y más urgente. Demasiado dolor, humillación y muerte han provocado”, escribió Mons. Báez en su cuenta de X.

“Cada uno de ellos debe ser procesado y pagar por sus crímenes”, subrayó el prelado.

Félix Maradiaga, expreso político y director de la Fundación Libertad, indicó en entrevista con EWTN Noticias que el informe tiene “234 páginas que dan información abrumadora, precisa, sobre 54 funcionarios que jugaron un rol sangriento, no sólo en las protestas del 2018, sino en la posterior represión”.

En abril de 2018 la reforma del sistema de salud y de pensiones suscitó protestas en todo el país, que fueron reprimidas brutalmente por la policía. En ellas, obispos y sacerdotes recibieron amenazas de muerte.

En el informe, prosigue Maradiaga “aparece, por ejemplo, el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, el general Julio César Avilés, el director de la Policía Nacional, primer comisionado Francisco Díaz, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia Marvin Aguilar y el titular de la Asamblea Nacional Gustavo Porras, entre otros”.

La tipología de crímenes van desde violaciones a normas internacionales en materia del derecho a la nacionalidad, con el despojo arbitrario de la nacionalidad de más de 435 personas, incluido este servidor, hasta casos mucho más extremos que califican como crímenes de lesa humanidad, incluyendo la tortura, la desaparición forzosa”.

Se tipifican también violaciones “a la libertad de expresión, violaciones a la libertad religiosa y, además de ello, delito transnacional, que es, por ejemplo, la represión más allá de las fronteras nicaragüenses, como los casos en los cuales disidentes u opositores que ya se encuentran en el exilio continúan siendo acosados y perseguidos por el régimen de Ortega”.

Félix Maradiaga hizo luego un llamado a la comunidad internacional, para que acompañe a Nicaragua, para que “pueda tener en algún momento un tribunal especial para perseguir estos delitos”.

El excandidato presidencial también lamentó el aislamiento internacional al que la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y “copresidenta” Rosario Murillo someten a Nicaragua, comparable con países como “Corea del Norte, Eritrea, Sudán del Sur o Afganistán”

La persecución de la dictadura de Nicaragua contra la Iglesia Católica

“En el caso específico de la Iglesia Católica, que es sin duda una de las instituciones más perseguidas, recordemos que más del 70% del clero católico se encuentra forzado en el exilio”, lo que ofrece “un panorama poco esperanzador”.

“Sin embargo, lo que he visto es que en medio de la aparente desesperanza, en medio de la represión, (…) la Iglesia funciona aún en el martirio y florece en el martirio, pero no es eso lo que nosotros vamos a permitir, es decir, el hecho de que la Iglesia haya mostrado una resiliencia tan extraordinaria no quiere decir que la situación está bien”.

Tras recordar que hay cuatro obispos exiliados, como Mons. Silvio Báez en Estados Unidos; y Mons. Rolando Álvarez en Roma, Maradiaga resaltó la necesidad de que todo el mundo sepa “que en Nicaragua hay una Iglesia perseguida”.

La dictadura de Nicaragua persigue a la Iglesia Católica con ferocidad desde hace algunos años. El informe Nicaragua: Una Iglesia perseguida, de la investigadora Martha Patricia Molina, da cuenta de 971 ataques del régimen entre 2018 y finales de 2024.

“Y una situación igualmente extrema sufre la prensa, sufren los movimientos de oposición. No hay partidos políticos de oposición en Nicaragua que puedan funcionar libremente y por tanto la voz de la comunidad internacional en este momento es fundamental”, concluyó.