Obispos argentinos piden "más oportunidades que penas" para menores que cometen delitos

“Más oportunidades que penas” pidió la Comisión Episcopal de Pastoral Social en Argentina, al rechazar el proyecto de ley que busca bajar la edad en que los menores pueden ir a la cárcel.

Impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional, el proyecto busca disminuir los índices de violencia y criminalidad, permitiendo que los menores puedan ir a la cárcel a partir de los 13 años. En las últimas semanas, funcionarios afines al Gobierno de Javier Milei pidieron al Congreso mayor celeridad en su tratamiento.

Ante este escenario, la Comisión Episcopal de Pastoral Social emitió una declaración en la que considera que “no se trata de bajar la edad de imputabilidad, sino de asumir cambios profundos” para responder a “una realidad que nos interpela”.

Su mensaje pone el foco en que “desde hace muchos años, la sociedad argentina viene padeciendo las consecuencias de administraciones políticas que no han sido capaces de crear una cultura del trabajo que incluyera a todos los habitantes y permitiera a todas las familias vivir con dignidad y procurarse los bienes necesarios para un auténtico desarrollo humano, laboral, social, económico y psicoactivo”. 

“Esto ha provocado innumerables problemas, entre los que se encuentra la inseguridad y la delincuencia juvenil”, asegura.

Al tiempo que expresan “solidaridad con tantas personas que han sido víctimas de la violencia, algunas de ellas por delitos cometidos por menores de edad, en ocasiones con violencia extrema que dejan heridas difíciles de cerrar”, los obispos alertaron sobre “las propuestas que hacen foco en los menores, como si fueran los únicos y los numéricamente más responsables de los delitos”.

En ese marco, la Pastoral Social acudió a estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal-Sistema Alerta Temprana (SNIC-SAT) del Ministerio de Seguridad de la Nación para asegurar que “los menores no son los que más delitos cometen”.

“Los menores inculpados por delitos conforman un porcentaje muy bajo del total”, señala, poniendo como ejemplo los robos de automotores, donde los inculpados menores de 15 años fueron apenas el 4,74% del total y los acusados de 16 y 17 años representaban el 8,75% en 2023. 

En el caso de los homicidios dolosos, los responsables menores de 14 años fueron sólo el 0,64% y los inculpados entre 15 y 19 años, el 13,12%.

Los obispos de la Pastoral Social plantean también la necesidad de abrir el debate para que no sólo participen  jueces, comunicadores, dirigentes políticos y ciudadanos, muchos de ellos víctimas de delitos.

“La realidad es más diversa y la problemática de la delincuencia juvenil está atravesada por una enorme cantidad de factores, que hacen necesarias las voces de especialistas como psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y docentes. No aparecen con tanta frecuencia estas opiniones calificadas en los debates mediáticos”, advierten los miembros de la comisión episcopal.

Y añaden: “Cuando se escuchan estas voces, los abordajes más complejos de la problemática, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad no parece ser la más razonable”.

En lugar de eso, llaman a poner el foco en el narcotráfico, que “viene ganando territorio en nuestro país y ampliando sus negocios, dejando tiradas y destruidas un montón de vidas y familias, particularmente a los jóvenes”.

“Las drogas los están destruyendo y el consumo es una de las principales causas de la violencia. La droga sigue penetrando fácilmente en nuestros barrios y pueblos. Por ello, es necesario combatir el narcotráfico. Pero de esto se habla poco”, lamentan.

Por otra parte, llaman a preguntarse “qué mundo estamos creando los adultos para el crecimiento y desarrollo de niños y jóvenes”. Al respecto, apuntan que “muchos crecen sin oportunidades de una buena educación o de una necesaria formación laboral, o de contención familiar y social”, por lo que consideran necesario “promover una cultura del cuidado que garantice las condiciones para el desarrollo integral y pleno de cada persona”.

Asimismo, cuestionan: “Si se concreta la baja de edad de imputabilidad, ¿dónde van a recluir a los menores? ¿Cuáles son los dispositivos apropiados en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen? ¿Qué alternativas reales tenemos para ofrecerles, educarlos y reinsertarlos socialmente?”.

“Consideramos que no es necesario modificar la edad, aunque sí es imprescindible un régimen penal juvenil/adolescente que tenga una mirada humana, integral, abierta a la esperanza”, afirman.

“Para un proyecto de país inclusivo, fraterno, desarrollado, ¿qué necesitamos?, ¿más cárceles o más escuelas? ¿Más guardiacárceles o más docentes con salarios dignos y capacitados? Cualquier reforma del Régimen Penal Juvenil debe hacer foco prioritariamente en la reinserción social y en la educación”, sostienen.

La Comisión de Pastoral Social concuerda en el deseo de construir “un país viable, con paz, sin violencia y con posibilidades para todos”, y para esto, pide “grandeza política”: que el Estado nacional, los estados provinciales y municipales y la dirigencia política tomen un rol preponderante.

Al mismo tiempo, destacan la presencia de “los dirigentes de movimientos sociales, los sindicalistas, los clubes, los religiosos, el mundo empresario y los ciudadanos”, cuyo aporte es necesario para “ampliar las oportunidades de educación, de formación, de cercanía con los niños, adolescentes y jóvenes vulnerables”, para vencer la indiferencia y la “cultura del descarte”.

Recordando las palabras que pronunció el Papa Francisco en marzo de 2020, apenas comenzada la pandemia, los obispos concluyen: “Estamos todos en la misma barca y nos salvamos juntos o nos hundimos todos”.