Por Tyler Arnold
La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) instó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a garantizar que las violaciones de la libertad religiosa por parte de gobiernos extranjeros tengan graves consecuencias, como sanciones para los agresores.
La USCIRF, una comisión federal encargada de brindar recomendaciones de políticas para promover la libertad religiosa en el extranjero, transmitió esas recomendaciones en su Informe Anual 2025, publicado el 25 de marzo.
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El informe recomienda “realizar cambios de políticas apropiados para demostrar consecuencias significativas y fomentar un cambio positivo”.
El documento además insta a la administración Trump a imponer consecuencias a los países que el Departamento de Estado de Estados Unidos actualmente designa como países de particular preocupación (CPC, por sus siglas en inglés), que es la etiqueta que se da a los países con violaciones de la libertad religiosa “sistemáticas, continuas y atroces”.
El Departamento de Estado designa a 12 países como CPC, entre ellos China, Cuba, Irán, Nicaragua, Pakistán, Rusia y Arabia Saudita. El informe recomienda renovar estas designaciones y añadir otros cuatro países a la lista de CPC: Afganistán, India, Nigeria y Vietnam.
Durante el último año del primer mandato de Trump, el departamento designó a Nigeria como CPC, pero dicha designación no fue renovada por el expresidente Joe Biden. La USCIRF instó repetidamente a la administración anterior a incluir a Nigeria en la lista durante el mandato de Biden.
Decenas de miles de personas han sido asesinadas a causa de la violencia étnica y religiosa en Nigeria en los últimos años. Los cristianos tuvieron 6,5 veces más probabilidades de ser asesinados y 5,1 veces más probabilidades de ser víctimas de secuestro. Sin embargo, los musulmanes y otros grupos religiosos también han sido víctimas de la violencia.
“Las condiciones de libertad religiosa en Nigeria [han] seguido siendo malas”, señala el informe. “Los gobiernos federales y estatales siguieron tolerando ataques o no respondieron a las acciones violentas de actores no estatales que justifican su violencia con motivos religiosos”.
El informe también señaló que, en 2024, las condiciones de libertad religiosa en Nicaragua seguían siendo pésimas. El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha expulsado a religiosas, clausurado escuelas y medios de comunicación católicos, y encarcelado a decenas de clérigos católicos que se oponen a su gobierno socialista. Su régimen también ha atacado a otras denominaciones cristianas.
“Las comunidades religiosas en Nicaragua han seguido demostrando una resiliencia notable ante estas amenazas”, señala el informe. “Sus miembros se reúnen discretamente, a veces en plena noche, para ejercer su libertad de religión o creencias. Continúan brindándose ayuda mutua mientras atienden las necesidades espirituales de la comunidad, aunque el gobierno nicaragüense considera cada uno de estos modestos actos como deplorables”.
Si bien la ley federal exige que las administraciones tomen medidas contra los países designados como CPC, un informe publicado por la USCIRF en septiembre pasado reveló que, desde 1998, unas 164 designaciones de CPC sólo han dado lugar a tres nuevas sanciones y a un acuerdo vinculante con Estados Unidos.
El informe reveló que los presidentes estadounidenses han encontrado con frecuencia soluciones alternativas a la acción, como apelar a las sanciones existentes para justificar la no adopción de nuevas medidas o simplemente suspender el requerimiento.
Las recomendaciones incluyen sanciones específicas contra los talibanes en Afganistán, la junta militar en Myanmar, ciertas entidades y funcionarios del Partido Comunista Chino (PCCh) y funcionarios del gobierno de Eritrea. También promueve la imposición de sanciones específicas en Irán, Nicaragua e India contra personas y entidades que violen la libertad religiosa.
Además, la comisión pide a Trump designar personas para ocupar puestos claves que sean relevantes para la libertad religiosa en el extranjero.
El informe también alienta a la administración Trump a reasentar a los refugiados que huyen de la persecución religiosa a través del Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos, un programa que Trump ha suspendido. También solicita que la administración establezca un plan para cumplir plenamente con las leyes de asilo.
Los comisionados de la USCIRF son nombrados por períodos de dos años. Tres son elegidos por el presidente y los demás por los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado. La mayoría de los mandatos de los miembros actuales terminan en mayo de 2026, aunque el mandato de uno de los designados por Biden expirará en mayo de 2025.
Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.
Tyler Arnold es reportero del National Catholic Register. Anteriormente trabajó en The Center Square y ha publicado en diversos medios, incluidos The Associated Press, National Review, The American Conservative y The Federalist.
