Sobre el reciente destape hecho por el diario The Sunday Telegraph que confirmó que la clínica privada barcelonesa Ginemedex realiza prácticas abortistas ilegales sobre todo en mujeres británicas que sobrepasan el límite de semanas de gestación permitido por la legislación inglesa, diversas asociaciones pro-vida pidieron el fin del “turismo del aborto” y ofrecieron mayor información sobre casos semejantes en España.
Según el presidente de Médicos Cristianos de Cataluña (MCC), José María Simón Castellví, la noticia que se publica en el diario inglés ha sido fruto de las “gestiones” de varias entidades españolas que defienden por la “cultura de la vida”.
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Simón no especificó quién se encargó exactamente de poner sobre aviso al The Sunday Telegraph de los abortos que se practicaban en la Clínica barcelonesa, pero anunció que saldrán otras informaciones de este tipo en medios de comunicación de Estados Unidos.
Asimismo, el presidente de MCC lamentó que las denuncias que han presentado en Barcelona y España contra las clínicas abortistas no hayan surtido efecto, y hayan sido archivadas. “Hemos ido a los juzgados y hemos denunciado a la Fundación Morín (una institución que preside el doctor Carlos G. Morín, quien también dirige el grupo Barnamedic.com, del que es miembro Ginemedex)”. “A veces, el fiscal que atiende la denuncia es de un talante, y luego el juez, de otro...”, declaró Simón al diario ABC de Madrid. “En España existe un fraude de ley. Se puede abortar, si pagas, a los nueve meses”, añadió.
Las entidades como MCC se oponen al aborto sin excepciones. Sin embargo “pedimos que, al menos se cumpla la ley, y sólo se puede abortar en los supuestos que marca el Código Penal”, apuntó Simón.
De otro lado, la Sociedad para la Protección de Niños No Nacidos pidió el fin de este “turismo del aborto”. “Se han tomado la molestia de asegurarse de que el servicio se llevaba a cabo, pero justamente fallaron al comprobar si era legal. Esto es hipocresía sobre hipocresía”, afirmó su secretario general, Paul Tully.
“Los abortos tardíos suponen un alto riesgo para la madre y BPAS -British Pregnancy Advisory Service- no se ha responsabilizado de la atención posterior de esas mujeres intervenidas en España”, denunció Tully.
Por su parte la Asociación de Víctimas del Aborto (AVA) denunció que las mujeres tienen derecho a unos médicos que respeten su salud y la ley como buenos profesionales.
Su presidenta, Carmina García-Valdés, denunció que “las mujeres tienen derecho a ser atendidas por profesionales íntegros que no incurran en delitos tales como falsificación de documentación o aborto fuera de los supuestos”.