La administración del presidente estadounidense Donald Trump está apelando una decisión de un tribunal federal que ordenó al gobierno reanudar las subvenciones de ayuda exterior a última hora de la noche del miércoles, mientras muchos grupos católicos que reciben esas subvenciones todavía no tienen fondos.
La oficina del fiscal general presentó una apelación el martes por la noche después de que el juez de distrito estadounidense Amir Ali ordenó a la administración que suministrara esos fondos antes de las 11:59 p.m. del miércoles. El mismo juez, que fue designado por el expresidente Joe Biden, había ordenado al gobierno que reanudara su financiación de ayuda exterior el 13 de febrero. Sin embargo, la administración Trump no ha cumplido con esa orden.
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Numerosas organizaciones católicas han perdido dinero de subvenciones debido a la congelación de la financiación de la ayuda extranjera, incluidos Catholic Relief Services y Jesuit Relief Services.
Ali dictaminó en su decisión que la congelación general de fondos de ayuda exterior por parte de Trump probablemente viola la Ley de Procedimiento Administrativo y viola la separación de poderes porque el Congreso aprobó que el dinero se use en programas de ayuda exterior.
En su apelación, la administración afirma que la orden del juez obliga al gobierno a “pagar gastos determinados arbitrariamente en un plazo elegido por el tribunal de distrito” y afirmó que el tribunal “crea un plan de pago” que es contrario a las obligaciones del presidente bajo el Artículo II de la Constitución y los principios de “inmunidad soberana federal”.
La presentación judicial también sostiene que la dirección de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha determinado que la orden del tribunal de reanudar la financiación “no puede cumplirse en el tiempo asignado por el [tribunal]”.
“El tribunal de distrito ha ordenado al gobierno federal que pague casi 2.000 millones de dólares de los contribuyentes en un plazo de 36 horas, sin tener en cuenta los sistemas de integridad de pago que garantizarían que el dinero reclamado se adeuda correctamente, sin tener en cuenta los meritorios argumentos del gobierno federal en sentido contrario y sin siquiera abordar la defensa de inmunidad soberana del gobierno”, afirma el expediente judicial.
Además, la administración alega en su apelación que la orden del juez causará “un daño grave e irreparable al gobierno” porque “no tiene ningún mecanismo práctico para recuperar los fondos desembolsados indebidamente que salen por la puerta a entidades que se han quejado de que están cerca de la insolvencia”.
En su primer día en el cargo, el 20 de enero, Trump emitió una orden ejecutiva para suspender todas las subvenciones de ayuda exterior durante 90 días. En la orden, argumentó que la financiación no estaba alineada con los intereses de Estados Unidos y que contribuía a “desestabilizar la paz mundial al promover ideas en países extranjeros que son directamente opuestas a las relaciones armoniosas y estables dentro y entre países”.
Durante el gobierno de Biden, algunos programas de ayuda exterior se utilizaron para promover políticas LGBTQI+ en otros países y presionar a los gobiernos para que pusieran fin a la discriminación basada en la “identidad y expresión de género” de una persona. Una prioridad fue combatir las llamadas “prácticas de terapia de conversión”, que incluyen terapias que disuaden a una persona de adoptar una “identidad de género” incompatible con su sexo biológico.
Algunos programas también incluyen asistencia humanitaria proporcionada por organizaciones religiosas como Catholic Relief Services y Jesuit Relief Services, que ofrecen alimentos, refugio, atención médica y otros servicios a personas en países extranjeros.
A principios de este mes, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que el Departamento de Estado eximiría ciertos programas de la congelación del financiamiento de ayuda exterior.
Un portavoz de Jesuit Relief Services (JRS) dijo a CNA —agencia en inglés de EWTN News— que la misión declarada de Trump de hacer que el mundo “respete y admire a Estados Unidos… se ha visto oscurecida por una prohibición descuidada de la asistencia extranjera llevada a cabo por personas sin la experiencia institucional o la autoridad constitucional para hacerlo”.
“Para empeorar las cosas, estos burócratas están haciendo esto a pesar de las órdenes del presidente Trump y el secretario Rubio de otorgar exenciones para restablecer la financiación de proyectos que salvan vidas”, dijo un portavoz.
“Semanas después, pocos de estos dispositivos, si es que hay alguno, están funcionando nuevamente, en clara contradicción con las directivas de la Casa Blanca. El resultado incluye cosas como que los alimentos cultivados en Estados Unidos se pudren en los puertos y que las vacunas ya compradas no se administran, literalmente cientos de millones de dólares desperdiciados”, dijo el portavoz.
El representante de JRS dijo que quienes reportan a Trump y Rubio deben “seguir sus directivas” y las órdenes judiciales “para reanudar el financiamiento de estas iniciativas obligadas por nuestro gobierno federal y ya pagadas por los contribuyentes estadounidenses”.
“Si lo hacen, nosotros y otras organizaciones católicas pronto podremos reanudar la prestación de asistencia alimentaria, refugio y atención médica en partes del mundo como Etiopía e Irak, donde ha habido crisis de desplazamiento prolongadas y devastadoras”, dijo el portavoz.
Un portavoz de Catholic Relief Services declinó hacer comentarios.
CNA se comunicó con la Casa Blanca para obtener comentarios, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.
Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.