El estudio jurídico Dignidad y Derecho y diversas agrupaciones provida del Ecuador alertaron del intento de la Corte Constitucional, el máximo organismo de justicia del país, de legalizar el denominado “cambio de sexo” en los documentos de identidad de menores de edad.
“Ecuador inicia el 2025 con sus niños bajo amenaza, donde una Corte Constitucional frontalmente activista saca sus garras ideológicas para atentar contra la integridad de la niñez ecuatoriana”, advirtió Martha Cecilia Villafuerte, fundadora y directora nacional de Familia Ecuador, en una entrevista con ACI Prensa este 9 de enero.
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Villafuerte advirtió que, de aprobarse esta medida, se gestaría “un atropello enorme tal como se lo ha visto en países como Reino Unido, donde la persecución a los padres de familia que se opongan termina con cárcel”.
“Sería una destrucción de la patria potestad y la preservación de los valores familiares, ya que entraría el Estado como ‘salvador externo’ —término utilizado por la misma Corte en estos casos— para quebrantar los vínculos de protección y derecho parental”, agregó.
En una audiencia reservada realizada el miércoles 8 de enero, se presentaron ante la Corte Constitucional argumentos a favor y en contra de una demanda presentada en 2020 que busca permitir el “cambio de sexo” en los documentos de menores sin el consentimiento de sus padres.
Aunque la Asamblea Nacional se pronunció en contra de esta medida en abril de 2024, la ley ecuatoriana faculta a la Corte Constitucional, conformada por nueve magistrados, para seleccionar casos de garantías jurisdiccionales y emitir jurisprudencia vinculante.
Posibles implicancias del fallo de la Corte Constitucional
Pablo Proaño, abogado del estudio jurídico Dignidad y Derecho de Ecuador, advirtió sobre las posibles implicaciones de este fallo en una entrevista con ACI Prensa.
“Respecto de la audiencia de ayer, que todavía no tiene sentencia, esto lo que podría generar es que un menor de edad pueda acercarse al Registro Civil y cambiar su sexo o su género sin necesidad del consentimiento de sus padres”, señaló el 9 de enero.
El abogado resaltó que esta medida podría generar importantes repercusiones legales, ya que “lo que se busca es otorgar una autonomía total a los niños”. Esto significaría que, en caso de que los padres se opongan, “no podrían presentar ningún tipo de recurso”. “Además, si intentaran actuar de forma coercitiva, podrían ser acusados de discriminación e incluso enfrentarse a posibles denuncias”.
Martha Villafuerte también expresó preocupación sobre las posibles repercusiones a nivel nacional: “Preocupa mucho lo que se viene después. Las demás entidades gubernamentales pertinentes se verían obligadas a ‘facilitar’ mecanismos para la implementación de estos pseudoderechos”.
“Educación, Salud, Seguridad Social y demás carteras de Estado deberán alinearse a las nuevas directrices y afectará totalmente a toda la niñez a nivel nacional. Nosotros como padres no podremos oponernos cuando venga, por ejemplo, el Ministerio de Educación a presentar nuevos textos escolares socializando estas nuevas disposiciones”, enfatizó.
“En el ámbito de Salud es mucho más grave, pues entraría al mercado ofertas de bloqueos de pubertad y hormonización”, agregó Villafuerte.
Argumentos en contra del “cambio de sexo” en las cédulas
Un punto crucial señalado en este debate es la inconsistencia entre las capacidades legales atribuidas a los niños y las implicaciones de estas medidas. Como explicó Proaño, “en nuestro sistema jurídico, los niños tienen un desarrollo progresivo de su autonomía y sus facultades. Por ejemplo, no pueden firmar contratos, sacar una tarjeta de crédito, vender un auto o viajar solos. Entonces, ¿por qué un menor, que no tiene capacidad legal para tomar estas decisiones, sí podría autopercibirse con una identidad que implica profundas repercusiones legales y sociales?”.
Proaño subrayó que este tema involucra aspectos de madurez y desarrollo psicológico que no están siendo adecuadamente considerados. “Los estudios científicos confirman que los niños desarrollan su capacidad de decisión y conciencia de manera progresiva. Esto implica que no pueden asumir las mismas responsabilidades ni comprender plenamente las consecuencias de sus decisiones, como lo haría un adulto. Ignorar este hecho es un grave error que pone en riesgo su bienestar”.
“Busca imponerse una agenda ideológica sobre la niñez trans”
Proaño destacó que este caso forma parte de una estrategia más amplia que busca imponer una ideología sobre la niñez trans, y recordó que, en otros países, “se ha visto que esta agenda avanza hacia la exigencia de que los procesos de hormonización y las cirugías de reasignación de sexo sean cubiertos por el Estado como parte del sistema público de salud”.
Villafuerte coincidió en que este caso sigue un patrón observado en toda Latinoamérica para promover esta ideología: “Este es precisamente el patrón que se ve en toda la región para imponer estas medidas ideológicas de manera subrepticia. Se utiliza a las cortes nacionales para presentar casos que evaden los debates legislativos y dejan la decisión en manos de unos pocos jueces, ignorando la voluntad de millones de ciudadanos”.
Proaño también criticó el papel de la Corte Constitucional en este tipo de casos, señalando que se ha extralimitado en sus competencias: “Lastimosamente no existe una forma en la que la Asamblea o la Presidencia puedan revocar el fallo”.
Villafuerte también destacó el papel de la sociedad civil en esta coyuntura: “Desde la sociedad civil, hemos activado todos los frentes para despertar conciencia, informar a la ciudadanía lo que está sucediendo y generar presión mediática en nuestra comunidad”.
“Con un ambiente político en contra, pues estamos a pocos días de las elecciones presidenciales, no deja de ser una oportunidad para exigir a los candidatos y líderes políticos que se pronuncien de forma coherente y firme en protección de la niñez y la familia”, concluyó.
En países como Inglaterra, Finlandia y Estados Unidos, se está dando marcha atrás a la posibilidad de que menores de edad puedan cambiar legalmente su sexo. Además, se está prohibiendo las cirugías de reasignación de sexo en menores de edad, puesto que en la actualidad existen muchos estudios y testimonios que cetifican el daño irreversible que estos cambios generan en las personas, incluso años después de la transición.
Nací en 1991. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Desde 2015 trabajo como periodista digital. Inicié mi carrera en el Diario El Comercio de Perú. En 2016, comencé como redactor en ACI Prensa y me desempeño como editor web desde 2018. A partir de 2024, escribo el newsletter para social media. Me especializo en noticias católicas centradas en la defensa de la vida y la familia, política internacional, tecnología, cultura popular y el Vaticano.
