Por Daniel Payne
El grupo activista que lideró el impulso para legalizar la ayuda médica para morir (MAID, por sus siglas en inglés) en Canadá ahora advierte que se necesitan garantías gubernamentales adicionales para combatir los informes de abusos del programa.
Liz Hughes, directora ejecutiva de la Asociación de Libertades Civiles de Columbia Británica (BCCLA, por sus siglas en inglés), dijo al National Post que la organización ha tomado “conocimiento de informes preocupantes sobre personas a las que se les ofrece MAID en circunstancias que pueden no calificar legalmente, así como sobre personas que acceden a MAID como resultado de circunstancias sociales intolerables”.
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La BCCLA fue una figura clave en la legalización de la eutanasia en Canadá, habiendo presentado la demanda Carter v. Canadá que llevó a que la Corte Suprema de Canadá anulara la prohibición gubernamental del procedimiento.
En los casi nueve años transcurridos desde que la eutanasia se legalizó en Canadá en 2016, la práctica se ha vuelto cada vez más popular. Las últimas cifras del gobierno, publicadas este mes, mostraron otro aumento interanual de dos dígitos en el procedimiento, con 15.343 ciudadanos canadienses eutanasiados por funcionarios médicos en 2023, lo que representa 1 de cada 20 muertes en ese país.
Sin embargo, un informe explosivo reveló en noviembre que de cientos de violaciones a la controvertida ley de eutanasia del país a lo largo de varios años, ninguna de ellas ha sido denunciada a las autoridades, y los informantes advirtieron en el reportaje sobre numerosos “problemas de cumplimiento”.
Hughes dijo al National Post que los gobiernos federal y provinciales del país “deben implementar, revisar activamente y hacer cumplir las salvaguardas apropiadas para garantizar que las personas tomen esta decisión libremente”.
La organización de derechos civiles “seguirá exigiendo cuentas al gobierno” por su vigilancia del programa de eutanasia, dijo.
En sus inicios, el régimen de eutanasia en el país se presentó como una opción de último recurso para adultos con enfermedades terminales que padecían un sufrimiento terrible. Sin embargo, desde entonces, los activistas han pedido que se amplíe para incluir categorías mucho más amplias de solicitantes.
Un grupo activista demandó al gobierno federal a principios de este mes, pidiendo una expansión inmediata del programa de eutanasia del país para permitir el suicidio asistido por un médico para quienes padecen enfermedades mentales.
El gobierno federal había planeado anteriormente ampliar el programa a las personas con enfermedades mentales; esa medida se retrasó a principios de este año y ahora se proyecta que entre en vigor en 2027.
El mes pasado, el gobierno provincial de Quebec comenzó a permitir el suicidio asistido para personas que no pueden dar su consentimiento en el momento del procedimiento, permitiendo “solicitudes anticipadas” de quienes “han sido diagnosticados con una enfermedad grave e incurable que conduce a la incapacidad”, como la enfermedad de Alzheimer.
Mientras tanto, el gobierno federal está solicitando activamente la opinión de los ciudadanos para una propuesta destinada a legalizar las “solicitudes anticipadas” a nivel nacional.
Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.
Daniel Payne es editor senior de Catholic News Agency. Anteriormente trabajó en College Fix y Just the News. Vive en Virginia con su familia.
