Por Julieta Villar
Con motivo del Día Internacional del Migrante, Cáritas y la Red Clamor en Chile alertaron sobre la urgencia de atender los desafíos humanitarios que enfrentan miles de familias migrantes, y apoyaron la decisión del gobierno de implementar medidas de regularización.
Mediante una carta al director del diario El Mercurio de Chile publicada este miércoles 18 de diciembre, Mons. Moisés Atisha, presidente de Cáritas Chile y Referente de Red Clamor en el País, junto a la Hna. Gabriela Herrera y el P. Pablo Walker, del mismo organismo, se refirieron a la situación de los migrantes, recordando que Jesús también nació “lejos de su hogar”.
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Los referentes eclesiales hicieron hincapié en los contextos de dictaduras o crisis económicas que motivaron a muchas personas a migrar, como también, en el pasado reciente, muchos chilenos buscaron refugio en el exterior, en busca de un futuro mejor.
En ese marco, se centraron en los casos de los inmigrantes irregulares, que durante años estuvieron haciendo trámites para cambiar esa situación, enfrentando la incertidumbre económica y social.
La irregularidad migratoria, señalaron, provoca consecuencias, en especial en los hijos de estas familias, que enfrentan el riesgo de perder el acceso a la educación, se ven obligados a ingresar al esquema de trabajo informal, e incluso corren riesgo de ser captados por redes de crimen organizado.
“Nos alegra la noticia de que el Gobierno haya abierto la alternativa de una regularización acotada a tantas personas que no han delinquido y que honestamente buscan vivir en nuestro país demostrando su arraigo", expresa la carta, al tiempo que insta a tener los diálogos necesarios para que, en cuidado de la soberanía y en cumplimiento de la ley, se asegure el derecho al refugio, a la especial protección de la niñez y de otros grupos vulnerables.
Asimismo, llama a fortalecer la consolidación de una migración segura y regular, que aporte a la convivencia en paz.
Este pronunciamiento se suma a lo expresado el fin de semana por el Arzobispo de Concepción y Secretario General de la Conferencia Episcopal de Chile, Mons. Sergio Pérez de Arce, quien apoyó el proceso de regularización de extranjeros iniciado por el gobierno, y cuestionó las posiciones que se oponen a la medida.
También en una carta publicada en El Mercurio, el prelado pidió a las autoridades que implementen “estrategias eficaces” que permitan la regularización de los inmigrantes que no presentan antecedentes delictuales ni penales, tomando como ejemplo a las más de 180.000 personas que se han registrado en el empadronamiento biométrico realizado en los últimos años, muchos de ellos ya integrados en la sociedad chilena, con vínculos familiares, laborales y educativos.
El arzobispo considera que tanto desde el punto de vista humano como económico, la regularización es esencial, ya que son trabajadores indispensables para el funcionamiento de la economía de Chile y “su integración plena contribuye a la estabilidad social y la seguridad”.
“Es difícil entender la porfía de algunos a negar la regularización. Mantener la irregularidad expone a las personas a condiciones abusivas y a más vulnerabilidad, porque no pueden celebrar contratos laborales o participar de la vida económica con total normalidad. Tampoco contribuye a la seguridad del país, porque para los climas de confianza y transparencia que necesitamos, es mejor un migrante regular que uno irregular, uno plenamente integrado que uno que se conoce a medias”, subrayó.
“Igualar sin más inmigrante irregular con delincuente es una falacia injusta y simplista”, sentenció Mons. Pérez de Arce, llamando a “renovar los esfuerzos por un país más justo e inclusivo, y una política más eficaz y menos de trinchera”.
En Chile, las últimas estadísticas oficiales de migrantes datan de diciembre de 2022, con 1.625.074 personas extranjeras, las que, en cuanto a composición por nacionalidad, el 32,8% eran de Venezuela, un 15,4% de Perú, un 11,7% de Colombia y un 11,4% de Haití, según el Instituto Nacional de Estadísticas y el Servicio de Migraciones.
La propuesta del Gobierno de Gabriel Boric pretende regularizar a cerca de 182 mil inmigrantes, que ya se sometieron a un empadronamiento biométrico voluntario en 2023, lo que permitió obtener sus nombres y rostros.
Soy periodista, licenciada en comunicación por la Universidad Nacional de La Matanza en Argentina. Tengo experiencia laboral en organizaciones no gubernamentales. Desde 2016 me dedico al periodismo católico, primero en la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) y, desde 2022, como corresponsal de ACI Prensa para Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia.
