La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, dio a conocer que planteará a las Comunidades Autónomas la urgente necesidad de apresurar las pruebas diagnósticas de ginecología en los centros públicos de salud con el objetivo de evitar que la mayoría de los abortos se practiquen en clínicas privadas.

La ley obliga a la mujer que desee abortar a la preceptiva consulta con el ginecólogo para que éste elabore el informe correspondiente. Según detalló Salgado, “si solicita las consultas y las pruebas diagnósticas, la paciente será citada para dentro de varias semanas. En su situación, el tiempo corre y acabará en un centro privado”.

“Esto es lo que tenemos que solucionar, reforzando los servicios de Ginecología o con otras medidas que eviten que la consulta con el especialista sea una barrera para que el proceso no se realice en el sistema público, ya que en este campo no se cumple el principio de equidad”, explicó la ministra.

De los 70 mil abortos que se practican anualmente en España, el 90 por ciento se realizan en centros privados.

Objeción de conciencia

Por otro lado, Salgado aseguró que con respecto a la práctica del aborto en ningún momento se vulnerará la objeción médica. La ministra declaró que estas actuaciones “se harán respetando la posible objeción de conciencia del facultativo” puesto que “eso el Ministerio no lo cuestiona en absoluto”.

Salgado señaló que la prioridad del Ministerio seguirá siendo la de evitar los embarazos no deseados. “El aborto sólo es la última salida, cuando no se han cumplido las medidas preventivas en las que vamos a insistir”, manifestó.