Una investigación del Centro de Estudios, Formación y Análisis Social, vinculado a la Asociación Católica de Propagandistas, señala que la institución de la familia ha sido la gran perjudicada por la Constitución Española, aprobada el 6 de diciembre de 1978.
En sus conclusiones, los autores del informe aseguran que “o bien los políticos constituyentes se pasaron de buenistas y de intentar agradar, o bien los que gobernaron España de 1979 en adelante —muchos de los cuales participaron en el proceso constituyente—, con algunas zonas de luz, no lo han hecho nada bien para la familia en relación a temas esenciales”.
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“La familia en España es ahora mucho más débil que lo que fue tradicionalmente en nuestro país con anterioridad a la etapa constituyente de 1977-1978”, subraya el estudio.
Esta debilidad se manifiesta en relación a la formación de las familias, a su estabilidad “y sobre todo, y muy ligado a lo anterior, lo es en relación a algo letal para la sociedad si no se corrige: la baja tasa de fecundidad”.
Como consecuencia, se ha producido “un gran empobrecimiento afectivo y altas tasas de soledad en la infancia (por falta de hermanos y muchas veces de uno de los progenitores en el hogar, generalmente el padre), y en la edad adulta y la vejez (por no convivir con una pareja estable y/o no tener hijos)”.
El estudio Constitución y familia: un principio fallido expone entre sus conclusiones que no toda la responsabilidad recae en los políticos, por varias razones.
En primer lugar, porque los intelectuales, académicos y creadores de opinión “con escasas excepciones, poco han hablado y advertido sobre el hundimiento de la familia y la natalidad en los últimos 45 años”.
También porque “los españoles han apoyado reiteradamente de forma muy mayoritaria en las urnas a políticos que no han sabido o querido defender a la familia y apoyar la natalidad”.
Y, en tercer lugar, porque “la política no lo es todo. Los empresarios y trabajadores, y la sociedad civil en general, cuentan muchísimo también en el devenir de las sociedades” y, en general, “cada español individual ha sido esencialmente libre de querer casarse o no, de divorciarse –en su caso- o no, de tener hijos o no, de abortar o no”.
Divorcio en España
“Los datos sobre el divorcio en España desde que es legal no son precisamente la historia de un éxito en la protección de la familia en los últimos 45 años”, señala el estudio. En España se aprobó el divorcio en 1981 (con condiciones y exigiendo un motivo tasado). En 2005, se aprobó una nueva ley que permite el divorcio básicamente a petición pasados tres meses de formalizado el matrimonio.
Así, el número de divorcios por cada 100 bodas en 13 de los últimos 18 años ha superado el 60% y al menos el 50% de los matrimonios acaba en ruptura. De ellos, “un tercio se separa antes de los 20 años de casados y la quinta parte, en los primeros 10 años”.
El informe señala además que “desde 1981 se han roto en torno a tres millones de matrimonios legales, y de 3,5 a 4 millones de niños y jóvenes han sido afectados directamente por la separación de sus padres” y que “al menos 1,5 millones de adultos casados se divorciaron desde 1981 contra su voluntad”.
Por otro lado, se señala que “la tasa de primonupcialidad de los españoles no llega al 50%, lo que indica que menos de la mitad de los adultos se casarían al menos una vez en su vida con menos de 60 años”.
A esto se suma que “el número medio de hijos por mujer ha caído en más de un 50% desde 1976, cuando comenzó la Transición entre el franquismo y la democracia que cristalizó legalmente con la Constitución de 1978”.
Esto implica que la tasa de fecundidad en España no alcanza el nivel de reemplazo, de tal manera que “entre 1979 y 2022, su valor medio fue de 1,40, lo que implica que cada nueva generación de españoles es 1/3 menos numerosa que la anterior”.
“Desde hace más de diez años, en España el número de nacimientos es menor que el de defunciones” y la sociedad está envejeciendo a marchas forzadas.
Políticas anticonceptivas contra la familia
El estudio del Centro de Estudios, Formación y Análisis Social señala por otro lado que “el Estado facilita que no se amplíen las familias, o incluso que no se formen” a través de políticas anticonceptivas y de promoción del aborto.
Así, a pesar de que el artículo 15 de la Constitución Española establece que “todos tienen derecho a la vida”, se destaca que “tras las diversas leyes de aborto —cada vez más proabortistas— y sentencias del Tribunal Constitucional sobre la materia, ese ‘todos’ ha excluido a los futuros españolitos en gestación, que habrían ampliado las familias españolas, ese bien que dice proteger la Constitución”.
En consecuencia, “2,7 millones de bebés en gestación han sido privados de vida” entre 1986 y 2023, siendo que “una gran parte de esos abortos han sido pagados con fondos públicos, procedentes del bolsillo del contribuyente”.
El estudio también señala algunas deficiencias en el campo educativo y económico.
En este sentido, se denuncia que “se ha conculcado y conculca el derecho de los padres a que sus hijos no reciban formación moral que esté en desacuerdo con sus propias convicciones” y que se dan grandes desprotecciones económicas a las familias”.
Nacido en 1980, soy un esposo y padre de familia español y periodista con más de 20 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en información sociopolítica y religiosa. He trabajado más de 10 años en defensa de los derechos humanos y tengo acreditaciones en Periodismo y Comunicación Integral. Desde julio de 2022, soy corresponsal de ACI Prensa y EWTN Noticias en España, cubriendo eventos internacionales de la Iglesia Católica.
