Desde mediados de este 2024 el Congreso en Chile ha revisado diversas normas respecto al cambio de sexo o “reasignación de género” de niños y menores de edad en el país, medidas que aún no han sido definidas del todo y que podrían resolverse en este mes de diciembre.
En noviembre, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron una norma en la Ley de Presupuestos para impedir que se sigan financiando estos tratamientos hormonales y quirúrgicos a menores en la red pública de salud, que deberá entrar en vigor en enero de 2025, pero que el gobierno del presidente Gabriel Boric y 42 diputados han desafiado ante el Tribunal Constitucional.
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“El Ministerio de Salud no podrá financiar gastos relacionados con la adquisición, prescripción o administración de medicamentos con fines de uso de terapia hormonal, sea bloqueo de pubertad u hormonación cruzada, que formen parte o sean en sí una forma de tratamiento de la disforia de género, sea o no clínicamente diagnosticada, en menores de edad”, señala el texto aprobado.
“Tampoco podrá incurrir en gastos de personal, bienes y servicios de consumo para operaciones de reasignación de sexo que formen parte o sean en sí una forma de tratamiento de la disforia de género, sea o no clínicamente diagnosticada, en menores de edad”, agrega.
Tomás Henríquez, Director de Defensa para América Latina de ADF International, comentó que esta aprobación “sienta un precedente importante para la protección de los niños, no sólo en Chile, sino en todos los países de Latinoamérica. Chile merece ser elogiado por haber dado un paso importante para decir no a los peligros de la ideología de género”.
La ideología de género es una corriente que considera que el sexo biológico no es determinante para la persona, sino que ella puede definir su orientación e identidad sexual de acuerdo a sus preferencias e incluso en contra de su naturaleza.
“Ahora, otros países deben hacer lo mismo. Cada niño es valioso tal como es y tiene el derecho absoluto de ser protegido de una ideología radical que promueve medicamentos peligrosos y cirugías con consecuencias devastadoras”, agregó Henríquez.
Roberto Astaburuaga, de la plataforma Comunidad y Justicia (C y J) —que sigue de cerca el tema— explicó que el gobierno de Boric “y un grupo de 42 diputados, ambos de tendencia izquierda radical y progresista, le solicitaron al Tribunal Constitucional” el 2 de diciembre “que la norma sea declarada inconstitucional”.
“Si eso ocurre, en la red pública de salud se contaría con financiamiento para seguir realizando este tipo de tratamientos a niños y jóvenes”, advirtió.
Un programa del gobierno con ideología de género
A mediados de noviembre y por siete votos a seis, la comisión investigadora especial de la Cámara de Diputados aprobó su informe sobre los casos de menores que reciben tratamiento psicológico, hormonal y quirúrgico en la red pública de salud. El texto recomienda “enérgicamente la suspensión inmediata de todos los programas relacionados con la llamada ‘transición de género’ de los niños”, destacó Astaburuaga.
El experto jurista dijo también a ACI Prensa que el documento aprobado revela que “entre abril de 2023 y agosto de 2024, más de 2.500 menores han ingresado al PAIG (también llamado Crece con Orgullo), y cerca de 50 tienen menos de 10 años”.
El Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) es la concreción de una “política gubernamental dirigida a los menores chilenos, entre 3 y 17 años, que expresan confusión sobre identidad de género”, que asegura que la percepción de los niños no debe cuestionarse y que sólo ofrece acompañamiento psicológico, indica el abogado de Comunidad y Justicia.
Además, advierte, “el PAIG es la puerta de entrada a la hormonación y permite que los funcionarios denuncien a los padres si se oponen a que sus hijos ingresen o sean derivados a él”.
A pesar de todo esto, el Senado aprobó el 22 de noviembre que el programa siga siendo financiado por dinero público, según refiere el diario La Tercera.