La Iglesia Católica en Argentina rechaza la disolución del Fondo de Asistencia a Víctimas de Trata

El Equipo “No a la trata” de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina se pronunció en rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de suprimir el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata.

Mediante un comunicado, la entidad que lucha contra el delito de la trata de personas, repudió la medida tomada por el gobierno del Presidente Javier Milei, y difundida días atrás mediante el boletín oficial.

Entre los argumentos para defender el Fondo de Asistencia, desde el Equipo No a la Trata mencionan que “no insumía dinero del erario público, sino que se trataba de activos provenientes del delito que debía administrar el Estado".

Con su “más profunda preocupación”, detallan que el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas “es un instrumento que tenía como objetivo la administración de los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y del lavado de activos provenientes de tales ilícitos, con el fin de que estos sean destinados a reparar los daños causados a las víctimas”.

Según el Decreto 1048/2024 publicado por el Gobierno Nacional en el Boletín Oficial del 26 de noviembre, la disolución de este Fondo —-junto con otros cuatro— se fundamenta en una auditoría que puso en evidencia “la inexistencia de un manual de procedimientos formalizado, falencias observadas en el Contrato de Fideicomiso y la inexistencia de un Sistema Informático para la gestión de la unidad ejecutiva del referido Fondo”.

De este modo, el decreto del gobierno nacional elimina una “ley democrática que representaba una demanda auténtica de víctimas y sobrevivientes, promovida por el Poder Ejecutivo y votada en el Congreso con un amplio consenso de todas las fuerzas políticas y el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil”, señalan desde la entidad eclesial.

El decreto menciona que es oportuna la disolución de los fondos fiduciarios “en el contexto económico actual, con el fin de propender a la mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos”. 

Ante esto, desde el Equipo No a la Trata aseguran no comprender la mención del contexto económico “ya que como ha sido mencionado, los fondos no salen del erario público”.

Por otro lado, advierten que esta medida “sólo puede tener como consecuencia la mayor vulneración de las personas que padecieron la esclavitud en carne propia y fueron rescatadas de las garras del delito”.

El comunicado hace mención también de un relevamiento en base a la reparación de víctimas de trata elaborado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Entre 2019 y 2022, señala el estudio, “se dictaron 107 sentencias condenatorias, de las cuales en 27 (un 25,2%) se efectivizó algún tipo de reparación económica para las víctimas”, alcanzando a 168 víctimas.

“Tras años de avances, que habían puesto a nuestro país en la vanguardia de la lucha contra este delito —el más grave que se pueda cometer contra la libertad y dignidad humana—, este hecho representa un retroceso en materia de reparación y restitución de derechos de las víctimas, que no pueden esperar y lo único que hacen este tipo de medidas es convertirlas nuevamente en víctimas, abandonadas por quienes deberían ser protegidas”, concluye.