La Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) se manifestó en contra de una iniciativa legislativa que propone obligar a sacerdotes a “revelar la información confiada por un penitente” en casos de delitos sexuales contra menores de edad y personas con discapacidad.
El proyecto fue presentado por el diputado Antonio Ortega Gutiérrez, jefe de fracción de Frente Amplio —partido político que se identifica doctrinalmente como de izquierda, progresista y feminista, entre otros principios— y miembro de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
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¿Qué dice la propuesta?
Se ha propuesto añadir un inciso al artículo 106 del Código Procesal Penal de Costa Rica para que toda persona con posición clerical o de poder que haya “facilitado la preparación, el intento, la consumación o el ocultamiento del hecho ilícito”, responda económicamente ante la víctima.
También busca modificar el artículo 206. De aprobarse, se reconocería que los ministros religiosos, personal médico, abogados, notarios, funcionarios públicos, entre otros, pueden “abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hayan llegado a su conocimiento”. Sin embargo, el proyecto plantea que estas personas no puedan “negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto”.
Esto permitiría que, con el consentimiento de la víctima, se pueda citar a la persona a quien se le confió el secreto, que podría ser un sacerdote católico.
Además, el proyecto obligaría a cualquier persona que haya “identificado indicios de delitos sexuales” en perjuicio de menores de edad o personas con discapacidad a que presente una denuncia ante las autoridades “de manera inmediata”.
“Ataque directo a la Doctrina y la Liturgia”
Ante esta propuesta, la CECOR emitió un comunicado el 30 de octubre, en el que advirtió que el proyecto constituye “un ataque directo a la Doctrina y la Liturgia de la Iglesia Católica en el tema del Sacramento de la Penitencia o de la Confesión”.
El canon 983 del Código de Derecho Canónico, la ley de la Iglesia, establece que “el sigilo sacramental” o secreto de confesión es inviolable. En este sentido, determina, “está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo, y por ningún motivo”.
El canon 1386 también estipula que cualquier confesor que viole este sigilo incurre en excomunión latae sententiae [automática] reservada a la Sede Apostólica".
Los obispos advierten que esta ley obligaría a los sacerdotes a “revelar la información confiada por un penitente, sea víctima, autor o testigo de un hecho de esta naturaleza”, afectando incluso los casos en los que “su única fuente de información sea dentro del sacramento de la confesión”.
La CECOR calificó esta iniciativa como un “intento de algunos legisladores de inmiscuirse en la doctrina y liturgia de la Iglesia, irrespetando la sacralidad de ese momento en que el penitente está frente a Dios y su conciencia”.
Además, hicieron un llamado a los “católicos a defender nuestra Fe y el respeto a la Libertad religiosa de los católicos en Costa Rica”, e invocar una oración al Espíritu Santo para que “ilumine a nuestros legisladores y gobernantes para que cumplan con su cometido de buscar siempre el Bien Común”.
Se amenaza “un derecho fundamental”
El P. Mauricio Granados y el P. Ricardo Cerdas, como representantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, se reunieron con miembros de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa el 31 de octubre, para manifestar la posición de la Iglesia Católica.
Luego de esta reunión, el diputado Ortega Gutiérrez hizo una solicitud de rectificación a la Conferencia Episcopal de Costa Rica, asegurando que “rechazamos categóricamente la manipulación, la desinformación y la falta de compromiso de los obispos en la lucha contra la violencia sexual”.
En relación con la solicitud de rectificación, la oficina de comunicación de la CECOR compartió este 1 de noviembre un documento para aclarar algunos puntos “que han sido distorsionados en este debate público”.
El documento asegura que la Iglesia Católica “tiene un compromiso inquebrantable con la protección de la niñez y de las personas más vulnerables, y en ningún momento ha pretendido obstruir la justicia o encubrir delitos de violencia sexual”.
El Episcopado explica que el “sigilo sacramental” es una obligación de los sacerdotes de la Iglesia Católica, el cual no trata “de proteger a quien delinque, sino de preservar el carácter sagrado de la confesión como un espacio seguro para el arrepentimiento y el acompañamiento espiritual”.
“Es incorrecto y engañoso afirmar que los obispos o la Conferencia Episcopal se oponen a la justicia o a la protección de los menores”, señala el comunicado, al tiempo que indica que se ha colaborado con las autoridades en la implementación de políticas de prevención y denuncia en casos de abuso.
“Este proyecto de ley, al pretender levantar el sigilo sacramental, no solo amenaza un derecho fundamental de la práctica religiosa, sino que también compromete la esencia misma de la libertad de culto”, señala el comunicado.
Finalmente, se hizo un llamado al diálogo y a buscar soluciones conjuntas “que velen por la protección de las víctimas sin atentar contra la libertad religiosa ni la integridad del sacramento de la confesión”.
El proyecto de ley seguirá en revisión y discusión en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos. De aprobarse en esta instancia, será debatido en el pleno de la Asamblea Legislativa.
Soy egresado de Periodismo en la Escuela Carlos Septién García con experiencia de comunicación institucional religiosa. Desde 2016 escribo para medios digitales y, desde 2018, reporto las noticias más importantes sobre el acontecer católico en México para el canal de noticias EWTN. Corresponsal de ACI Prensa en México desde 2023.
