El Vaticano ha reconocido los esfuerzos de la Iglesia Católica en Colombia para prevenir y combatir los abusos sexuales, sin embargo, ha recomendado a los obispos crear también un grupo de defensa de las víctimas que permita integrar sus perspectivas “en la formulación de políticas”.

La recomendación se encuentra en el informe que publicó ayer la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, el primero desde que este organismo fue creado por el Papa Francisco en 2014.

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El texto recoge los aprendizajes de estos diez años y busca dar a conocer “los hallazgos y recomendaciones necesarias” para el cuidado de las personas vulnerables, así como promover “la transformación de la Iglesia” con criterios y directrices claras.

En ese sentido, toma nota del encuentro que la Comisión tuvo con la segunda delegación de obispos colombianos que viajó al Vaticano en visita ad limina, durante el cual observó que dentro del Episcopado existe “una infraestructura estructural alentadora” con directrices claras y “sistemas de presentación de informes locales”.

Sin embargo, al revisar las respuestas de los prelados al cuestionario estándar de la Comisión, se percató que “existe una falta de recursos financieros y humanos para promulgar un plan de acción de protección sólido destinado a activar las directrices de la Conferencia en la vida de la Iglesia local”.

Ante ello, se alentó a los obispos a adoptar en Colombia la Iniciativa Memorare, creada por el Vaticano “para ayudar y trabajar junto con las Iglesias locales de todo el mundo, en la formación y capacitación en materia de prevención y protección de los niños y adultos vulnerables”, según explicó en su momento Vatican News.

La creación de un grupo de defensa de las víctimas

Según el informe, la Comisión Pontificia para la Protección de Menores “observó una reflexión seria por parte de los obispos sobre sus deficiencias y el incumplimiento de sus protocolos, lo que ha provocado mucho dolor a las víctimas/sobrevivientes”.

“Esta reflexión —añade— dio lugar a una apertura a colaborar con la Comisión en una revisión de las directrices y los protocolos, especialmente en lo que respecta al compromiso de los obispos con las víctimas/sobrevivientes, sus comunidades y la Iglesia local en general”.

En ese sentido, la Comisión ha recomendado “específicamente la facilitación de un grupo organizado de defensa de las víctimas/sobrevivientes con el fin de integrar las perspectivas de las víctimas/sobrevivientes en la formulación de políticas”.

“De particular importancia —señala— es la facilitación de la formación en materia de protección tanto para los laicos como para el clero”.

El informe vaticano ha destacado como buenas prácticas “las evaluaciones psicológicas de los candidatos” al sacerdocio, “la investigación diligente de los clérigos que se trasladan entre provincias eclesiásticas y la participación de los laicos en las estructuras de protección por parte de la Conferencia”.

Asimismo, “reconoce la madurez” de las directrices del Episcopado para prevenir los abusos, recogidas en el documento Cultura del cuidado en la iglesia católica colombiana: Líneas guía, y que facilitan “la adopción de un enfoque universal y holístico del tema que se está abordando”.

El Cardenal Seán O'Malley, presidente de la Comisión, señaló durante la rueda de prensa de presentación del informe que el objetivo de este organismo es “hacer todo lo posible” para abordar la falta de justicia y reconocimiento de las personas en la Iglesia.

Afirmó que el sufrimiento y heridas de las víctimas “nos han abierto los ojos al hecho de que, como Iglesia, hemos fracasado” en su cuidado y que no fueron defendidos, “y que nos resistimos a comprenderlos cuando más nos necesitaban”.

“Esperamos que este informe, y los que vendrán, compilados con la ayuda de las víctimas y sobrevivientes en el centro, ayuden a garantizar el firme compromiso de que estos eventos nunca vuelvan a suceder en la Iglesia”, manifestó.