La Iglesia Católica expresó su “profunda preocupación” por la “polarización” generada en torno a la aplicación de la reforma judicial que se lleva a cabo en México, impulsada desde el Poder Ejecutivo, en medio de fuertes críticas de juristas, políticos opositores e incluso el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

En un comunicado publicado el 23 de octubre, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) advirtió que “la falta de diálogo y acuerdo” entre diversos actores sobre la reforma constitucional que afecta al Poder Judicial “puede generar consecuencias graves para la convivencia social y el orden institucional, comprometiendo la confianza en nuestro país y amenazando la estabilidad del Estado de Derecho”.

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¿Qué es la reforma al Poder Judicial?

La reforma a la Constitución, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador —fundador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), cuyo gobierno concluyó el 30 de septiembre—, establece que más de 1.600 cargos judiciales serán elegidos por voto popular. Entre estos cargos se encuentran los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo órgano de justicia de México, con facultades de Tribunal Constitucional.

Fue aprobada por las dos cámaras que conforman el Congreso de la Unión, el órgano legislativo federal de México, y por la mayoría de los parlamentos locales. Tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de septiembre, ha comenzado la primera fase de postulaciones para ocupar estos cargos, con la primera elección de jueces, magistrados y ministros programada para el primer domingo de junio de 2025.

Para aspirar a estos cargos, los candidatos deben contar, entre otros requisitos, un título profesional en Derecho con un promedio de entre ocho y nueve puntos en “materias relacionadas con el cargo”. Además, deberán presentar ensayos y cinco cartas de referencia de vecinos y colegas que respalden la idoneidad de los postulantes.

La reforma ha enfrentado diversos recursos legales que buscan frenar su implementación. Ante esto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también integrante de MORENA, aseguró en su conferencia de prensa del 18 de octubre que “la reforma al Poder Judicial va. Ni un juez, ni una jueza, ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México. La reforma va”.

Las críticas a la reforma judicial

Desde su génesis, la reforma judicial promovida por López Obrador ha enfrentado críticas de diversos sectores.

La ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, expresó su preocupación el 8 de julio, señalando que de aprobarse los cambios “no llegará la persona más calificada al puesto (…) sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los puestos de poder”.

El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, también se refirió a la reforma judicial en una publicación de X, el 22 de agosto, señalando que “representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia en México”. Salazar también señaló que las propuestas incluidas en la reforma propuesta “amenazan la histórica relación comercial” entre México, Estados Unidos y Canadá.

Ricardo Anaya, actual senador del opositor Partido Acción Nacional (PAN) y excandidato presidencial en 2018, dijo el 10 de septiembre, aseguró durante la votación en el Senado sobre la reforma al Poder Judicial, que esa iniciativa “está diseñada para que MORENA tome el control total y absoluto del Poder Judicial”. Además, señaló que la reforma “va a tener como consecuencia el fin de la división de poderes, el fin de la República como la conocemos y la inauguración de un régimen de corte autoritario”.

La Iglesia pide “no poner en riesgo el equilibrio de poderes” en México

En su mensaje de este 23 de octubre, la CEM pidió a las autoridades mexicanas “no poner en riesgo el equilibrio de poderes que sustenta nuestra estructura democrática”. Por lo que los obispos mexicanos hicieron un llamado a que la reforma sea “más ampliamente discutida y analizada por parte del Poder Legislativo”. 

Asimismo, solicitaron “tomar en cuenta a todas las fuerzas políticas representadas”, así como “escuchar a los especialistas en Derecho Constitucional” para un análisis más exhaustivo. Además, instaron a la presidenta, Claudia Sheinbaum, a considerar “las voces de la sociedad civil organizada”, subrayando que también forman parte del “Pueblo de México”. 

La Iglesia Católica también exhortó a “respetar el principio de participación democrática” y  “preservar el bien común por encima de intereses particulares”. 

Los obispos hicieron además un llamado a todos los actores políticos y sociales a “recuperar el diálogo constructivo como herramienta fundamental” y “fortalecer nuestras instituciones democráticas” anteponiendo el bien común. 

Finalmente, invitaron a los católicos a orar para que Dios “ilumine las mentes y los corazones de quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos de nuestra Nación”.